El Secretario del Sindicato de la Alimentación cuestionó

El Secretario General del Sindicato de la Alimentación, Mario Barrios respondió, mediante una Carta Abierta, la Carta Documento que recibiera tras sus polémicas declaraciones a la emisora, el pasado 21 de octubre cuando fue consultado por el accidente que sufriera un trabajador del molino de la Cooperativa Lucienville. [b]La Carta[/b] "Los Sres. Elio Fortunato Battilana y Omar Orlando Schaaf se han visto lesionados en su buen nombre y honor por mis expresiones en la RIEL FM de Basavilbaso, el pasado 21 de octubre, efectuadas en el contexto del análisis del accidente sufrido por un operario, Marcos Oroño, en la Planta de la Cooperativa Lucienville de esa localidad. Los citados me han enviado una carta documento intimándome a que me retracte de mis dichos, en el mismo horario y por el mismo medio, como forma de dejar sin afectación su buen nombre y honor. Más allá de que he cumplido con esa imposición, creo necesario hacer algunas aclaraciones que vienen muy al caso, porque de una vez por todas cada cual deberá posicionarse en el lugar que pretende y que le cabe. En principio, de la lectura de la citada carta documento, surge que no existe de parte de los firmantes de la misma, los citados Battilana y Schaaf, convicción acerca del daño inflingido, porque en la misma expresan que mis dichos importan una “concreta y falsa calumnia” (textual). No debería escapar al conocimiento de tan altos dignatarios de la más que centenaria cooperativa, ni de sus asesores, que decir “falsa calumnia” es admitir que se trata de una imputación cierta. Siguiendo el criterio que ellos mismos imponen de que uno se haga cargo de lo que dice, estoy en condiciones de exigir igualdad de trato. Es más, en el mismo sentido de lo anterior, respecto a que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, con fecha 29 de julio de 2009, al día siguiente de la marcha que en defensa de los operarios despedidos en aquella oportunidad de la misma cooperativa hiciera un grupo de trabajadores acompañados por dirigentes de su sindicato y de otros gremios hermanos, la entidad envió a los medios una carta, que si bien fue publicada, nos gustaría volver a releer algunos de sus términos. En efecto, allí, en esa carta, que lleva la firma de Elio Battilana (uno de los ahora ofendidos), Presidente de la Cooperativa, más las de Daniel Gerardo Bochatay, Secretario y Emilio Alberto Puch, Tesorero, trata a quienes participamos de la marcha -reitero-, dirigentes del gremio en cuestión pero también de otros gremios como la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, de la que estaban presentes el Secretario General y Gremial de la Seccional Uruguay y el Congresal Provincial de la ciudad de Basavilbaso, de autores de “acciones cobardes e impropias de nuestro medio” (textual), además de adjudicarles la “falta de representatividad” además de “deleznables propósitos”. Y como si esto fuera poco, terminan esa epístola acusando a esos mismos dirigentes gremiales, elegidos democráticamente para representar a sus compañeros de trabajo, en un sistema democrático y republicano, de “prepotentes, hostigadores y agitadores”. ¿Por qué, entonces, ahora se sienten ofendidos al punto de amenazar con una acción por calumnias e injurias? Llama poderosamente la atención que en tiempos en que se está hablando de la derogación de esta acción penal, por limitadora del derecho a expresarse, desde una empresa se intente acallar el pensamiento de sus empleados con esa práctica perimida y totalitaria. El Centro de Estudios Legales y Sociales, organización que fue pionera de la lucha por la defensa de los Derechos Humanos en la República Argentina, dice, en su proyecto de derogación del actual sistema de penas por esos supuestos delitos, que tanto la Convención Americana por los Derechos Humanos como la Corte Interamericana “no han dejado de señalar los efectos negativos e inhibitorios que las sanciones penales generan sobre la sociedad y su derecho a expresarse”. En todo caso, uno debería preguntarle a los citados dirigentes, más allá de las obvias y soslayadas referencias a los principios de Rochdale, y también a los ciudadanos de Basavilbaso, todos ligados, de una u otra manera, por su historia y su presente, a la Lucienville, si cree que algunos de estos hechos que a continuación describiremos constituyen prácticas leales y legítimas propias de un movimiento cooperativo, y, en suma, cómo debería denominarse esa intencionada tergiversación. ·Hay una flagrante violación a la normativa de seguridad e higiene laboral, que descuida la integridad física de sus obreros y empleados. ·Existe también un idéntico comportamiento respecto a la normativa laboral y previsional, en perjuicio de los trabajadores y del estado. ·Hay continuos y reiterados retrasos en el pago de haberes, constatados por la Dirección Provincial del Trabajo. ·Los empleados son obligados a mantener un doble juego de tarjetas de fichado. ·Se aplican erróneamente normativas relacionadas con los Convenios Colectivos de Trabajo y las categorías. Todas estas falencias (que no entran en la definición exacta de este término sino que constituyen maniobras intencionadas) fueron constatadas por sucesivas inspecciones de la DPT. Lo que no puedo asegurar es que se hayan tomado las medidas correctivas correspondientes ni que se hayan aplicado las sanciones para los casos de incumplimiento. El obrero no tiene a su alcance las herramientas, ni los medios, ni los espacios, ni los tiempos, ni las ganas ni la necesidad de verse “ofendido” y reclamar un resarcimiento. Necesita todas esas herramientas, esos medios, esos espacios, ese tiempo y esas ganas para darle de comer dignamente a su familia".