Lunes 27 de Noviembre de 2006, 15:32

NO SE RESPETA EL FEDERALISMO NI LA DIVISIÓN DE PODERES

| En la mañana del jueves 23 de noviembre en los tribunales federales de Comodoro Py de la ciudad de Buenos Aires el presidente de directorio y apoderado especial de “Trenes Especiales Argentinos S.A”, Señor Emilio Franchi, con el patrocinio de los Doctores Aníbal Mathis y Claudia Orgueira, demandó penalmente al Señor Secretario de Transporte de la Nación, Ingeniero Ricardo Jaime. En la presentación judicial se considera que el funcionario desobedeció una orden clara, precisa y eficazmente dirigida a su persona por un Juez de la Nación que dispuso la suspensión del llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar un ramal ya otorgado para la explotación del transporte ferroviario interurbano de pasajeros, servicio de correo, transporte de encomiendas, automóviles y paquetería en la red comprendida por las estaciones Federico Lacroze (Buenos Aires) y Posadas (Misiones), además de no atender los compromisos asumidos con la provincia de Corrientes, lo que se considera un avasallamiento del orden federativo.

TEA S.A, empresa pyme nacional que fue designada concesionaria del servicio, por 30 años por la provincia de Corrientes, y con mucho esfuerzo y a su entero riesgo recuperó material rodante y tractivo, y sin recibir ningún subsidio logró restablecer el servicio del ramal que había permaneció inactivo por una década (desde el 10 de marzo de 1993 hasta el 25 de septiembre de 2003), demandó al cuestionadísimo Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. El cargo que le imputa en la denuncia penal es de “incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público”, y la pena que puede recaerle podría inhabilitarlo para ejercer este tipo de empleo. Si bien el ilícito que se le imputa al funcionario está catalogado como “delito contra la administración pública”, no obsta a que la inconducta que se denunció perjudica notoria y directamente a “Trenes Especiales Argentinos S.A” que desde hace tres años ejerce su derecho constitucional de realizar una actividad lícita, la que debe vincularse con los derechos adquiridos, y el principio de legalidad que habría sido avasallada toda vez que el Ministerio de Planificación Federal y la Secretaría de Transporte de la Nación no debió dictar actos administrativos que afectaran derechos y garantías constitucionales. Para que la reactivación del servicio se concretara la provincia de Corrientes firmó oportunamente un convenio con la empresa, acto ratificado posteriormente por la Legislatura (Ley 4963), y contó con el Visto Bueno del Poder Ejecutivo Nacional. El accionar del funcionario denunciado en los tribunales porteños de Comodoro Py había sido objeto de diversos reclamos y presentaciones, entre las que se destacan solicitudes realizadas por el Foro de Legisladores el Crecenea Litoral y del Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes quienes en idéntico sentido solicitaron la suspensión del llamado a licitación que impulsa. Asimismo TEA S.A planteó en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes, a cargo del Dr. Carlos Soto Dávila, Secretaría Número 3, acciones de Amparo que el magistrado hizo lugar. “El Ingeniero Ricardo Jaime, como las empresas participantes del ilegal acto licitatorio, recibió cartas documento donde lo anoticiábamos (una vez más) de la manda judicial que venía siendo desobedecida, y emplazándolo a su acatamiento. Al día de hoy, nada de ello ha ocurrido”, explicó Emilio Franchi. Para el directivo de la firma responsable de “El Gran Capitán” el Secretario de Transporte del Gobierno de Néstor Kirchner “debió suspender la licitación convocada, en forma inmediata tras la notificación que recibió. Y su conducta se verificó es esa omisión, que hasta hoy se viene comprobando. Recordamos que en el proceso de licitación, cuestionado de ilegitimo e ilegal desde un principio por la empresa TEA, es impulsado por el funcionario kirchnerista y apenas logró la presentación de solo un oferente, un grupo de empresas integrado por ALL, la última de las empresas públicas que afronta un proceso de renegociación de su contrato de concesión y aguarda en el venidero mes de diciembre sortear con éxito la audiencia pública del mismo modo que sorprendentemente lo hizo con las múltiples denuncias en su contra de intendentes, concejales, legisladores y hasta organismos como la CNRT y la Auditoria General de la Nación que incluso recomendó rescindir el contrato. Una situación que resulta por lo menos llamativa es la férrea defensa del proceso de licitación que se impulsa desde el gobierno central cuestionando la adjudicación directa que hizo Corrientes, olvidando que el mismo gobierno nacional no practicó una metodología similar en otros ramales que adjudicó en forma directa y “sostiene” mediante el pago de millonarios subsidios. [b]EN DEFENSA DE LAS SOBERANÍAS PROVINCIALES [/b] El gobierno de la Provincia de Corrientes fue el pionero en la reactivación de los ramales ferroviarios al otorgar a TEA (Trenes Especiales Argentinos) la concesión para la prestación del servicio ferroviario de pasajeros. Hoy TEA es el operador ferroviario de la Provincia y ya lleva más de tres años uniendo Buenos Aires y Monte Caseros (Corrientes) a Posadas (Misiones) con dos servicios semanales del Gran Capitán. A pesar de ello, en una clara violación de los derechos de la Provincia de Corrientes, el Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, aduciendo una licitación ilegal pretende otorgar a la empresa extranjera ALL (América Latina Logística) la concesión de dicho servicio. ALL es la misma empresa que fuera declarada por la AGN (Auditoria General de la Nación) como la que mayor número de infracciones, descarrilamientos, desatenciones para con el mantenimiento de vías, puentes y material rodante acumuló desde que fuera concesionada por la Nación. Ante el accionar del funcionario, las “Comisiones por el regreso de El Correntino”, expresaron su total desacuerdo con la decisión. “Sólo Corrientes puede designar y autorizar en su territorio a quien será su operador ferroviario. Así lo entendió el Juez Federal Soto Dávila al otorgar a TEA el amparo solicitado por ésta, ante el ilegal llamado a licitación, ordenando suspender dicho proceso que pretendía adjudicar el servicio interurbano de trenes de pasajeros entre las estaciones Federico Lacroze y Posadas, el que ya es prestado por TEA”. Mientras en Corrientes ningún legislador se interesó públicamente por este tema de importancia socioeconómico y cultural, a diferencia de los funcionarios municipales correntinos que la han apoyado desde el principio, en Entre Ríos el Diputado Aldáz, entre otros, asumió la defensa de los intereses populares al aseverar a la prensa “a la empresa ALL se le debe rescindir el contrato ya que no ha cumplido con las pautas de la concesión y ha violado de manera sistemática todos los compromisos que ha asumido. Si esto lo ha hecho desde que obtuvo la concesión,-desde el año noventa hasta la fecha- por qué le vamos a creer que va ha hacer lo que nunca hizo” refiriéndose al mal servicio. Asimismo se escucharon voces muy críticas por parte de legisladores comunales de todos los partidos políticos, aunque las autoridades de la Dirección Provincial de Transporte mantienen en vigencia un contrato con la brasileña ALL y tendría todas las intensiones de ampliarlo. [b]ENTRE DENUNCIAS, INDIFERENCIA E INEXPLICABLES ACTITUDE[/b] “En su momento pedimos que la Audiencia Pública se hiciera en Concordia”, recordó el Diputado Provincial Osvaldo Fernández. El legislador radical se mostró sorprendido por el lugar escogido para la realización de esta nueva etapa en la renegociación del contrato de concesión del ferrocarril mesopotámico en manos de la empresa América Latina Logística. Fernández dijo que su pedido fue reforzado mediante un proyecto de Resolución que fue aprobado de forma unánime por sus pares en la Cámara de Diputados, pero que “lamentablemente no se nos escuchó”, se quejó el legislador que consideró que el lugar elegido es “con toda la intención de impedir que los usuarios, quienes estamos directamente interesados es este servicio de transporte podamos concurrir. De todos modos vamos a tratar de participar”, enfatizó. El Diputado Fernández consideró “insólito” que en el mismo día de la Audiencia Pública el Director de Transportes de la Provincia, Hugo Godoy, convoque a una reunión para hablar del servicio de pasajeros en Entre Ríos cuando se estará planteando la renegociación con ALL, “la gran responsable del deterioro de las vías”. Asimismo reiteró su pedido de rescisión de la concesión ya que “es evidente el alto grado de incumplimiento” por parte de la empresa, y que resulta llamativo que las exigencias del nuevo modelo de contrato tenga sean menores y “no contemplen los intereses de los entrerrianos”. Por otra parte cuestionó que el Estado Nacional avanzara en el licitación del servicio conocido como “El Gran Capitán” omitiendo reconocer el esfuerzo realizado por la provincia de Corrientes y su operador contemplando “menores posibilidades que lo que hoy significa el servicio que presta TEA, quien no recibe subsidios de ninguna naturaleza, padece la falta de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y sufre de continuos descarrilamientos de cargueros de América Latina Logística”, dijo. Por último recordó que la CNRT determinó que hay un descarrilo cada dos días y medio, y la Auditoria General de la Nación, debido a la “desastrosa gestión de la compañía”, recomendó que se rescinda el contrato. “Niego que exista como se aseguró por ahí un ataque gremial, político y hasta de los medios de prensa para con esta empresa. Sólo nos remitimos a hechos concretos y reales que demuestran una pésima gestión y que es merecedora de que se aplique con toda su fuerza la Ley y se de por caído el contrato”, exclamó. [b]LA PEOR DE TODAS [/b] Autoridades del Gobierno de Entre Ríos recibieron del Diputado Nacional, Dr. José Lauritto y el Diputado Provincial, Dr. Julio Aldáz, en representación de un grupo de ex trabajadores ferroviarios de Concordia, Concepción del Uruguay y Basavilbaso un informe de situación de los ramales concesionados y provinciales. La documentación fue casi de inmediato remitida a la Secretaría de Transportes de la Nación con el pedido explícito de incluir a Entre Ríos en el plan nacional de recuperación de los ferrocarriles. El anteproyecto contiene abundante información sobre el estado actual que podemos resumir de la siguiente manera: La actualidad de la situación ferroviaria entrerriana encuentra su mejor ilustración en el informe elaborado por la Gerencia de Seguridad en el Transporte de fecha 30 de setiembre de 2005, el que se elevara a consideración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. El informe exhibe tres conclusiones tan claras como terminantes: 1) "Desde el punto de vista técnico, claramente se diferencia la situación de A.L.L. respecto del resto de los concesionarios, siendo esta empresa la que peor cuida el mantenimiento y las condiciones de seguridad, a la vez que cuenta con escaso personal idóneo abocado a la tareas de mantenimiento y a la seguridad operativa, cambiando permanentemente a los responsables y colocando gente joven sin experiencia en puestos claves." 2) "Esto hace que A.L.L. pueda ser calificado como imprevisible, entendiendo por previsibles a aquellos concesionarios que en líneas generales poseen estructuras dentro de sus organizaciones con capacidad suficiente (tanto en medios humanos como materiales) para hacer frente con solvencia técnica (a criterio de esta gerencia) a las tareas habituales de mantenimiento así como ante situaciones inesperadas o circunstanciales". 3) "A todo esto debe sumarse el poco respeto de ese concesionario a los pedidos de información y exigencias de reparaciones que establece esta Comisión, a la vez que son numerosos los casos de "hechos consumados" realizados sin autorización". Con idéntica óptica, la situación ferroviaria entrerriana vista por quienes han sido sus actores principales puede sintetizarse en: a) Que A.L.L. recibió vagones y locomotoras, como así también bienes muebles e inmuebles ubicados en las estaciones de la línea, incluyendo las vías del ferrocarril; b) Que A.L.L. recibió en exclusividad la operación comercial del transporte de cargas ferroviario en las provincias mesopotámicas; c) Que, como contrapartida, A.L.L. debía mantener las vías en las mismas condiciones de velocidad y circulación que lo recibiera, abonar un canon y concretar inversiones que no podían ser menores que el 9,5 % de su facturación bruta anual; d) Que al día de la fecha se han inutilizado gran parte de las setenta y dos (72) locomotoras y de los dos mil trescientos setenta y un (2.371) vagones recibidos; e) Que mas del 80 % de las estaciones ferroviarias concesionadas se encuentran abandonadas, desmanteladas o intrusadas; f) Que fueron levantadas segundas vías y postes telegráficos; g) Se descuidó la señalización ferroviaria, se anularon barreras en zona urbana y se abandonaron las tareas de desmalezamiento de los cascos de estación y cruce de calles y rutas; h) Que A.L.L. clausuró mas de un mil trescientos kilómetros de vías concesionadas, con el pretexto de su falta de rentabilidad, los ramales clausurados en Entre Ríos incluyen Basavilbaso-Concepción del Uruguay, Concordia-Federal, Federal-Curuzú Cuatiá, y Concordia-Concepción del Uruguay (por Ubajay); i) Que las formaciones circulan con setenta (70) o mas vagones, cruzando el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo con cargas de mas de seis mil toneladas cada una. [b]ALL SE DEFIENDE[/b] Ante la pésima situación del servicio ferroviario, ALL se defiende indicando que sufre el sabotaje "desde muchos sectores, políticos, sociales y sindicales; y sufre "ataques a través de medios de prensa y con acciones directas que perjudican a la compañía y sus trabajadores". Según un comunicado de la firma, "gracias a las inversiones en las vías y el material rodante" logró disminuir el nivel de descarrilamientos de 31 accidentes anuales registrados en 2004 había disminuido a 8 hasta setiembre pasado. La empresa contradice informes del ente regulador del servicio ferroviario. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) indica que sobre la vía principal se producen un promedio de un tren caído cada dos días y medio, y afirma que ALL "es la que peor cuida el mantenimiento y las condiciones de seguridad, a la vez que cuenta con escaso personal idóneo para las tareas de mantenimiento y la seguridad operativa, cambiando permanentemente a los responsables y colocando gente joven y sin experiencia en puestos claves. Esto hace que ALL pueda ser calificado como imprevisible para hacer frente con solvencia técnica a las tareas habituales de mantenimiento así como ante situaciones inesperadas o circunstanciales".