"Mi familia vivió un calvario"

El 29 de septiembre pasado por orden del Juzgado federal de San Isidro se realizaron simultáneamente dos operativos en las localidades de Basavilbaso y Villa Mantero en procura de datos genéticos para establecer si un joven con domicilio en la ciudad del riel es hijo de desaparecidos y apropiado durante la última dictadura militar. El procedimiento, que fue realizado por la Policía Federal de San Isidro en el marco de la causa Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo/su denuncia Nº 3.030/09 que se tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado e impulsada por la fiscal Rita Molina, quien también trabaja en la causa sobre la presunta adopción ilegítima por parte de Ernestina Herrera de Noble, contó con la participaron de integrantes del Banco Nacional de Datos Genéticos. Si bien el objetivo del procedimiento era tomar muestras de sangre de dos personas mayores en Villa Mantero y del joven que vive con su esposa y una pequeña en el barrio Oeste de la ciudad del riel por la magnitud del operativo, pocas veces antes vista, se pensaron en diferentes hipótesis que generaron en los comentarios pueblerinos múltiples posibilidades las que por lo general ensuciaron la honorabilidad de las personas involucradas. Algo que pudo perfectamente evitarse si al menos se hubiese evaluado mínimamente las características de poblados como los de Basavilbaso y Villa Mantero. No quedando dudas que lo más acertado, al menos par la comisión que fue hasta la casa del joven, que lo hubiese hecho en autos particulares y de civil. Transcurridos varios días un cronista de RIEL FM fue hasta la casa de los Paz en Villa Mantero, allí Nilda Colman y Juan Andrés Paz permanecían -en condición de detenidos- vigilados por la Policías. La única respuesta que se obtuvo fue que “en pocos días se sabrá la verdad”. Días después la radio de Basavilbaso repitió la pregunta: [b]¿Qué pasó ese 29 de septiembre?[/b] “Le digo a mi esposo de ir a la plaza a ver qué pasaba porque era feriado, era patrono del pueblo. A los 10 minutos aparecieron dos personas que nos golpearon el vidrio del auto preguntándonos0 si éramos la familia Paz a lo que respondimos que sí. Entonces nos dijeron que había un allanamiento en casa, cosa que nos llamó la atención, y por lo que inmediatamente regresamos. Había autos de la Policía con las sirenas encendidas y una docena o más personas que nos estaban esperando…una vecinas nos dijo que “menos mal que vinieron porque querían tirar la puerta abajo”. Una vez en la casa llamo a mi hijo, el mayor, le dije que estábamos con toda la Policía en casa, que no sabía lo que pasaba, y él me informa que en lo de mi otro hijo -Gonzalo- había un procedimiento similar, que lo sacaron del trabajo, como si fuese un ladrón…” [b]¿Qué fue lo que hicieron con Ustedes?[/b] “…nos sacaron sangre. Aclaro que ni mi esposo ni yo nos negamos, en ningún momento, y colaboramos sin ningún problema después que nos explicaron cual era el motivo por el que estaban en casa”. [b]¿La actitud de Gonzalo no fue la misma?[/b] “No, Gonzalo reaccionó mal, con bronca e impotencia porque sintió que no era la manera de sacarlo del trabajo…como si fuera un ladrón…gracias a Dios el dueño de la empresa lo conoce y sabe que clase de gente es mi hijo. Él supo después que lo habían esperado por horas sin dar explicaciones generando dudas sobre la honorabilidad de mi hijo”. La mujer se lamenta por los malos momentos que vivió su hijo y los “miles de comentarios infundados que se hicieron contra Gonzalo. Se llegó a decir que estaba en la droga…en fin hablaron barbaridades, las peores…lo hicieron pasar vergüenza”. La sospecha de que su hijo era hijo de desaparecidos entiende se explica por el sólo echo de que su marido Juan Andrés Paz fue miembro de la Policía Bonaerense de Martínez, del que es retirado, en la época que nació Gonzalo. “Hubo alguien, yo me voy a enterar quién es, que hizo una denuncia que marcó el comienzo de todo”, relató la Nilda que recuerda que desde el 29 de setiembre permaneció junto a su esposo en calidad de detenidos en su domicilio de Villa Mantero con custodia policial. “Primero no podíamos salir, yo inclusive no pude ir al médico, a pesar de que estoy operada y en tratamiento…no podía salir y si lo hacía era con un Policía atrás en el auto, de todos modos tengo que agradecer y muchísimo al Comisario de Villa Mantero y a su personal que nos trataron con sumo respeto. Un día, y no sé porqué, flexibilizaron la medida y nos permitían ir a “Basso” o Concepción del Uruguay, pero siempre con el Policía atrás (en el auto)”, continuó su relato. Nilda dijo que “el calvario de la familia”, comenzó su fin cuando recibió un llamado del Juzgado. “Nos informaron que los ADN había salido con un 99,9% que Gonzalo era hijo nuestro, entonces yo le pregunte al Secretario del Juez, quién fue el que me llamó, ¿y ahora qué?, ¿qué hacemos con todo lo que nos pasó, las barbaridades que se dijeron, el sufrimiento de nuestro hijo y su familia…mi marido y yo somos dos personas grandes, él va a cumplir 80 años, yo tengo 70 y no merecíamos pasar por esto… Y lo peor es que dándole crédito a la denuncia que se investigaba Gonzalo debía ser protegido como una víctima y lo que hicieron fue todo lo contrario, lo trataron como un delincuente…fue un atropello en nombre de los Derechos Humanos, ¿y los nuestros?”, se quejó con voz quebrada. Resulta difícil de entender la razón por la cuál a la persona supuestamente damnificada fue tratada como imputada; como si fuera un objeto de investigación. Se trató de un procedimiento violento con lo cual en el nombre de la Ley se victimiza a las víctima. Pero es claro, por otra parte, que si no se pudiera allanar, todo quedaría librado a la voluntad de que los apropiadores avisen que hace 30 años se robaron un chico. En la obtención del ADN se puede aplicar el concepto de justa causa, ya que se trata de reparar el daño ocasionado a personas secuestradas a las que se les robó la identidad y se los obligó a vivir una vida diferente a la que debían haber vivido. No tuvieron oportunidad de ser cuidados por sus padres, asesinados por los secuestradores, ni por los familiares supervivientes. Es una acción que no debe permanecer impune ya que se trata de uno de los crímenes más aberrantes que puede cometer el hombre contra su prójimo. Pero eso no avala la vulneración de principios constitucionales como el de inocencia, porque de ninguna manera el fin puede justificar los medios, como ha ocurrido en este caso, perjudicando la vida, la integridad, la tranquilidad y la imagen pública de vecinos a los que se les obligó a revertir la carga de la prueba, o sea a esperar a que se demostrara que no eran culpables.