| Con nuevos elementos de prueba en las auditorias realizadas por el Tribunal de Cuentas, la oficina Anticorrupción y Ética Pública provincial pediría el desarchivo de la causa sobre la Caja de conversión de Bonos Federales (Bofe).
La causa fue iniciada en 2002 por la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo en ese momento de Oscar Rovira, ante el juzgado de Instrucción Nº 5, cuya titular es Susana Medina de Rizzo.
En esa causa, la FIA denunció al ex gobernador Sergio Montiel y a su ex ministro de Hacienda, Oscar Berón, entre otros funcionarios, por la “presunta comisión del delito de defraudación especial en relación a la apropiación maliciosa de valores de terceros (Bonos Federales) los que fueron puestos a disposición absoluta e inmediata de la Tesorería Provincial por lapsos considerables e indeterminados, sin causa legítima”, según la presentación efectuada.
La noticia divulgada en el programa televisivo Cuestiones Pendientes, que se emite en Multicanal y Cablevisión de la ciudad de Paraná, advirtió que la oficina Anticorrupción y Ética Pública, contaría con nuevos elementos de prueba que le permitirían sostener el planteo de desarchivo de la causa.
En su momento, la Dra. Lidia Taleb no realizó el requerimiento fiscal correspondiente, ya que entendió que la presentación efectuada por la FIA era “solo un buen relato de hechos” pero que “no encuadraba en figura penal alguna”.
Esta apreciación motivó a Rizzo a elevar la decisión del fiscal de Cámara, quien había ratificado los argumentos de la agente fiscal.
A partir de un expediente girado por el Tribunal de Cuentas provincial al organismo de contralor, en el que se detallan las auditorias efectuadas a la Caja de Conversión durante los meses de mayo y junio del año 2002, surgen elementos de prueba que podrían permitir la reapertura de la causa.
Entre las irregularidad que contiene el informe del Tribunal y que fueron establecidas en aquella oportunidad, aparecen la apropiación de los Bonos Federales depositados por los comerciantes para el canje (legalizado mediante decreto). Presuntamente, se los habría hecho circular para atender erogaciones ordinarias del gobierno, pago de salarios, tarjeta Sidecreer, entre otros, con lo que se violó el tope de emisión de las letras autorizadas por la Legislatura.
Esta circunstancia permitió la desvalorización el valor del bono que llegó a caer hasta un 45 por ciento de su valor nominal.
Otros de los puntos señalados por la auditoria es la discriminación con que se manejó el organismo: mientras algunos comerciantes esperaban el canje, otros satisfacían rápidamente sus peticiones. Incluso, el auditor detectó que a un comercio de vaquería de plaza no solo se le canjeaba rápidamente el bono, sino que además, las cifras equivalían a montos muy por encima del giro normal para un comercio de esa naturaleza.
Con el informe detallado del Tribunal de Cuentas, la Oficina Anticorrupción y Ética Pública espera desarchivar la causa, si es que la justicia encuentra en elementos probatorios o indicios de maniobras delictivas o defraudatorias.
Fuente: AIM.
