Sobreseen a agentes acusados de malos manejos en la residencia socioe

En junio de 2006 la por entonces Junta Ejecutiva del Consejo Provincial del Menor, presidida por la Profesora Dora Gracilazo, dispuso mediante la Resolución 0393 el inicio de un “sumario administrativo a los agentes Emma Noemí Bohl de Aguet, Daniel Edgardo Hanri, Alicia Raquel Aldana y Rubén Darío Sánchez, por encontrarse sus conductas “prima facie” incursas en falta grave en el desempeño de sus funciones”. Emma Bohl de Aguet, militante de la UCR accedió en 2003 a una banca del HCD, cuando era Diputado Provincial el Dr. Julio Aldáz y el Intendente de Basavilbaso era Horacio Fabián Flores, quien tenia con entre sus funcionarios -entre otros- a Blanca Rossi y Silvio Valenzuela, quienes luego llegaron como compañeros de formula a la administración comunal. La participación de Bohl de Aguet en el legislativo comunal fue breve porque en el 2004 se aleja del cargo por razones de salud. Tiempo después es trasplantada hepática en la Fundación Favarolo. En pleno proceso de recuperación confesó haber recibido propuestas para que se aleje del cargo, las que rechazó por entender que debía permanecer en su puesto de trabajo, en el que tenia una antigüedad de casi 25 años. Después de su negativa a dar un paso al costado “comenzaron los problemas” le dijo a RIEL FM la por entonces máxima responsable del equipo directivo de la residencia que terminó apartada del cargo. Por esos días se sostenía que los agentes habían “incurrido en incumplimiento de las normas vigentes” y “normas de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, y se denunciaba una “falta administrativa grave en lo que refiere a la atención de la salud de los jóvenes alojados en la residencia”, a quines -según la denuncia- “no se les realizaban controles médicos-psiquiátricos y/o neurológicos desde hace tiempo”. Además a los agentes se les imputó “brindar alimentación no adecuada a las actividades realizadas y a la edad”, violar el derecho de los jóvenes de vivir con su familia de origen y “no disponer la realización de actividades que desarrollen el derecho a la recreación”. En relación al aspecto institucional se apuntó a una “desarticulación entre personal directivo, el equipo técnico y celadores”, “ausencia de lineamientos claros desde la Dirección, desconocimiento de las normas vigentes en la materia, lo que delata la falta de coordinación con el Organismo Central”. La Resolución, que provocó un verdadero cimbronazo en la comunidad, se mencionaba la “falta de compromiso, omisiones y abusos por parte del Equipo Directivo y de la Operadora Social” y “administración irregular de fondos” -que debían percibir dos jóvenes beneficiarios de pensiones nacionales- por parte de la Operadora Social Alicia Raquel Aldana y la Directora Emma Bohl de Aguet. En el aspecto administrativo-contable se señalaba la “inexistencia de control de destino de insumos adquiridos, falta de control y seguimiento de la calidad de la alimentación que se proporciona a los niños, exceso en la adquisición y uso de artículos de limpieza, falta de documentación respaldatoria sobre prescripción medica de los fármacos recetados a los niños, que impiden un control de dosis suministradas y diferencias en cuanto a la cantidad respecto a los medicamentos adquiridos, entrega de bienes y medicamentos a niños y jóvenes egresados sin control ni comprobantes de entrega que permitan la verificación de su destino y exceso de comprobantes efectivamente pagados respecto a las partidas recibidas”, irregularidades que se presumían extensivas a quién por esos días era el Secretario Ecónomo, Rubén Darío Sánchez. Asimismo, al agente Sánchez, se le señaló la responsabilidad de “no llevar libro de menú” y “registros de las entregas de mercaderías y artículos de limpieza”, lo que impedían la realización de “controles” e inflingía la “obligación de rendir cuentas”, al tiempo que “afectó la hacienda pública con la administración irregular”. Pero transcurrido el tiempo y la investigación el sumariante se encontró con otra situación, muy distinta. Y de las entrevistas a más de 45 personas, con gente relacionadas directa e indirectamente con la institución (empleados, proveedores, médicos, psicólogos y neurólogos) apenas 5 plantearon algún grado de disconformidad con el accionar de los imputados, y entre esos testimonios figuran -entre otros- el del actual Director, que tiene vínculos de familiaridad con quien era el Intendente de entonces y actual Diputado. Situación que Bohl de Aguet asegura no puede “pasarse por alto” como tampoco “el marco político” en que se hizo todo el procedimiento. El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, mediante la Resolución 0029 del 18 de febrero, firmada por el Presidente del organismo, Raúl Patricio Solanas, dio por “finalizado” el sumario administrativo y dispuso el “sobreseimiento” de los agentes imputados (Emma Bohl de Aguet, Daniel Edgardo Hary, Alicia Aldana y Rubén Darío Sánchez). En la medida se apunta al instructor sumariante, a quién se le imputa haber actuado de manera negligente y por su morosidad en la tramitación del expediente dejó “prescribir” la potestad disciplinaria del Estado Provincial. Según se desprende de la Resolución el agente “no realizó ningún acto procesal desde el día 24 de abril de 2007 al 31 de julio de 2009, fecha en la que eleva el expediente a la Directora de Sumarios”, pero la versión del sumariante sería otra, ya que completado su trabajo y elevado a sus superiores se le habría insistido que volviera sobre la cuestión algo que no consideró necesario por la contundencia de los elementos reunidos.