Política | En una nueva jornada de tensión política, el Legislativo peruano aprobó la remoción del mandatario interino en medio de acusaciones de reuniones no reportadas y escándalos que erosionaron su apoyo popular.
El Congreso de la República del Perú destituyó este martes, 17 de febrero, al Presidente José Jerí, quien apenas llevaba cuatro meses al frente del Ejecutivo en una de las crisis institucionales más profundas que atraviesa el país andino, marcando así un nuevo capítulo de inestabilidad política.
La votación se concretó tras un intenso debate legislativo al que se llegaron siete mociones de censura impulsadas por diversos bloques parlamentarios, acusando al mandatario de haber sostenido reuniones no registradas oficialmente con empresarios chinos y enfrentando cuestionamientos por contrataciones controvertidas.
El escándalo, apodado en la prensa local como “Chifagate”, precipitó la caída de la ya frágil popularidad de Jerí y aceleró su salida del poder.
El proceso, que culminó con la remoción del jefe de Estado, refleja la persistente volatilidad de la política peruana: Perú suma así su octavo presidente en apenas una década, un récord que ejemplifica el clima de confrontación entre el Ejecutivo y el Parlamento.
La moción de destitución se aprobó con mayoría simple, dado que Jerí, al ser presidente interino tras la salida de su antecesora, no requería del umbral más alto exigido para mandatarios elegidos.
Su oposición en el Parlamento sostuvo que hubo “pérdida de confianza” y cuestionó la transparencia de sus gestiones.
A través de su defensa, el ahora ex presidente negó cualquier delito, sosteniendo que las reuniones que motivaron el escándalo formaban parte de actividades diplomáticas o eventuales acuerdos comerciales.
Sin embargo, el desgaste político fue irreversible y gran parte de la población terminó viendo con recelo su permanencia en el cargo.
Con la destitución consumada, el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente interino que complete el periodo hasta las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026, donde decenas de aspirantes compiten por la primera magistratura.
El desenlace de esta crisis ocurre apenas semanas antes de los comicios, lo que podría tener un impacto directo en la campaña y en la percepción ciudadana sobre la clase política.
Analistas locales advierten que esta sucesión de gobiernos breves y destituciones sistemáticas socava la gobernabilidad y la confianza en las instituciones, en un país donde los desafíos en seguridad, economía y cohesión social están permanentemente en debate.
El reemplazo de Jerí será anunciado en los próximos días por el propio Legislativo, en una sesión que se espera definitoria para la continuidad del orden institucional y la pacificación política en el Perú.
