Abrieron otra causa por irregualaridades en un gasoducto

El fiscal apuntó contra el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar -ambos del Ministerio de Planificación Federal-. También acusó a los dos ex funcionarios que fueron echados por el Caso Skanska: el ex jefe del Ente Regulador del Gas (Enargas) Fulvio Madaro, y el ex gerente general de Nación Fideicomisos (del Banco Nación) Néstor Ulloa. En el Gasoducto Patagónico, que une Comodoro Rivadavia y Esquel, actúa la empresa Emgasud SA. La denuncia de Stornelli, resultado de una investigación preliminar de su equipo derivada de la causa Skanska, recayó en el juez federal Jorge Ballestero y también incluye entre los acusados a Alejandro Pedro Ivanisevich, presidente de la firma Emgasud. A los funcionarios y ex funcionarios -quienes también son investigados por el caso que involucra a una constructora sueca- se los acusa de defraudación contra la administración pública, incumplimiento del deber de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El esquema aplicado en la construcción del Gasoducto Patagónico y la lista de imputados son casi los mismos que en el caso Skanska. El diputado chubutense Carlos Alberto Lorenzo, de la UCR, aportó en abril pasado los primeros datos a la Fiscalía sobre presuntos sobreprecios en el Gasoducto Patagónico. Esta obra se hizo a partir de las mismas normas nacionales que dieron pie a las ampliaciones de los gasoductos Norte y Sur. Según el fiscal, Emgasud, a cargo del gasoducto entre Comodoro Rivadavia y Esquel, no tenía entre sus objetos sociales la construcción o instalación de gasoductos, lo que se subsanó con posterioridad. Según Stornelli, en el comienzo, el costo de la obra se calculó en 243.600.000 pesos, pero tras una adenda del 5 de octubre de 2005 y un acuerdo complementario de agosto de 2006, el costo final habría sido de 295.648.220 pesos.