| Garré sostuvo que el presidente Kirchner no le ha dado “ninguna directiva puntual con relación a este tema” y si bien consideró que la maniobra constituye “un caso de contrabando”, aclaró que “esto lo tiene que decir la Justicia”.
La ministra de Defensa, Nilda Garré, aseguró ayer que “hubo una inexplicable subfacturación” en un caso de venta de armas de Fabricaciones Militares a Estados Unidos que investiga la Justicia.
La funcionaria se expresó así luego de que se conociera que la Justicia investiga un presunto contrabando de armas a Estados Unidos descubierto por la Aduana y en el que estaría involucrado el organismo estatal.
“Estimo que el organismo que compró estos insumos a las Fuerzas Armadas y después lo exportó, es Fabricaciones Militares. Creo que debería investigarse allí. Pero no es serio hablar sin conocer las cuestiones a fondo”, aseguró Garré en declaraciones a la prensa al finalizar una ceremonia por el Día del Ejército.
En febrero pasado, la Aduana descubrió una supuesta subfacturación en una operación de exportación de armas.
Tres meses después, el juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia y la fiscal Carolina Robiglio iniciaron una causa por contrabando, informó un matutino porteño.
El magistrado dispuso el secuestro de 6.700 kilogramos de fusiles automáticos que Fabricaciones Militares había embarcado hacia Connecticut, Estados Unidos, a un precio de apenas 2.600 dólares y como “material de desguace”.
Según se informó, ya se hicieron allanamientos en dos dependencias de la Dirección General de Fabricaciones Militares, dependiente desde 2006 del Ministerio de Planificación Federal.
Gran parte del material bélico secuestrado tenía las numeraciones limadas y otras de las armas incautadas tenían un número de serie que no correspondía con lo declarado en los remitos de exportación, según se publicó.
De acuerdo con la versión, los embarques iban dirigidos a la empresa JLD Enterprises, cuyo fundador es un argentino.
El interventor de Fabricaciones Militares, Arturo Puricelli, confirmó la existencia de la causa, pero negó que se tratara de un caso de contrabando de armas.
“No existe un caso como se ha visto en la Argentina en otras épocas. Está bien que la Aduana y que la Justicia investiguen, pero a estas alturas no le veo entidad a la denuncia”, indicó el funcionario.
Según se publicó, una de las sospechas de los investigadores es que las armas no tenían como destino final los Estados Unidos, sino algún país sudamericano en el que después se revenderían a narcotraficantes y a otros delincuentes.
Según explicó Puricelli, el embarque frenado por la Aduana era el tercero de una operación comercial por un monto total de 330.000 dólares, consistente en la venta de partes nuevas, usadas y semielaboradas de fusiles automáticos livianos (FAL) y fusiles automáticos pesados (FAP).
