Alfonsín negó pacto con el PJ

"Desde ya, niego enfáticamente la absurda especie de que existiera algún acuerdo, expreso o tácito, destinado a que no se investigaran los hechos ocurridos antes del 24 de marzo de 1976 como condición para obtener "apoyo político" al juzgamiento de loscrímenes de la dictadura", sostuvo Alfonsín. En un comunicado, que reproduce el escrito presentado ante eljuez federal Héctor Acosta, junto a un ejemplar de su libro "Memoria Política" -publicado en 2004-, el ex presidente insistióen "la absoluta falsedad de la versión". Acosta decidió citar a Alfonsín basándose en declaraciones del ex diputado nacional Luis Brandoni, quien sostuvo que en 1983 cuando el ex mandatario impulsó la creación de la Conadep, el justicialismo aprobó la iniciativa en el Congreso a condición deque las investigaciones de violaciones a los derechos humanoscomenzaran a partir del 24 de marzo de 1976. La declaración escrita fue presentada a través del abogadosantafesino y concejal de San Rafael Alejandro Limas, quienrecibió las tres carillas suscriptas por Alfonsín de la mano delsenador radical Ernesto Sanz. "Un aspecto central de las políticas públicas que impulsé como primer presidente de la recuperación democrática, fue la aplicación de la ley común para los principales responsables de la violencia que había asolado al país en la década del setenta", subrayó Alfonsín. Agregó: "Entendía que la democracia no podía instaurarse sobreuna claudicación ética, por lo que debía restablecerse, a través de la justicia, el principio de no impunidad para todas aquellas conductas que sembraron la violencia y la muerte entre los argentinos". Para sostener sus afirmaciones, Alfonsín señaló que cuandoasumió el cargo de presidente envió al Congreso un proyecto paraanular la ley de facto 22.924 que "dispuso la extinción de lasacciones penales, desde el 25 de mayo de 1973, para todos los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva y para todos aquellos destinados a prevenirlos, conjurarlos o reprimirlos". El Congreso sancionó la ley 23.040 "que declaró insanablementenula y carente de todo efecto jurídico a la mencionada ley de facto, con lo que quedó expedita la persecución penal para todos los delitos cometidos desde el 25 de mayo de 1973, ya fueran deterroristas o de represores, militares o civiles". "Simultáneamente, dicté el decreto 157/83 por el que declaré la necesidad de promover acciones penales respecto de los máximos dirigentes de las organizaciones terroristas y el 158/83 para que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas sometiera a juicio sumario a los integrantes de las Juntas Militares que usurparon elgobierno constitucional", agregó. Además, señaló que constituyó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y manifestó: "Fácil es de advertir que no existía obstáculo legal alguno para que losjueces de la democracia investigaran posibles delitos cometidos mantes del 24 de marzo de 1976". Fuente: NA.