| La iniciativa de la Presidente Cristina Kirchner producirá cambios en la legislación antinarcóticos. Fue revelada por Aníbal Fernández, quien dijo que no hay que perseguir a los consumidores, sino darles protección.
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, al hablar en el foro de la Organización de las Naciones Unidas señaló que se estudia reformar la legislación para dejar de perseguir penalmente a los usuarios de estupefacientes y, en cambio, incluirlos en un sistema de salud.
“Debemos terminar con un sistema que atrapa al consumidor y lo criminaliza sin darle tan siquiera el derecho a la salud”, dijo el ministro. Advirtió sin embargo que “no es posible despenalizar si antes el Estado no asegura una red social, de salud y laboral que contenga a los más vulnerables”.
El ministro destacó que en esta materia estaba siguiendo instrucciones de la presidenta Cristina Kirchner y que “se persigue al que tiene un problema de salud igual que al traficante. Esto no puede seguir así y no va a seguir así.”
Según una encuesta realizada por el Gobierno en el país hay unas 440.000 personas que son consumidoras habituales de cocaína y conseguir drogas ilegales es bastante accesible según informa el diario La Nación.
En la actualidad rige en la Argentina la ley 23.737, dictada en 1989, que acentúa el castigo a los consumidores, al entender que son el primer eslabón de una cadena que termina en el narcotraficante. Indica que si alguien es detenido con drogas para su consumo, se inicia una causa penal que se suspende si el imputado hace un tratamiento.
Con este cambio, la Argentina modifica su alineación con Estados Unidos, donde prima el prohibicionista y se suma a las políticas de algunos países europeos y de nuestros vecinos Brasil y Uruguay, que tiene leyes más flexibles.
Para cambiar las leyes, el ministro nombró una comisión de notables, integrada por jueces, fiscales, y sociólogos que trabaja en un anteproyecto de ley con esta orientación.
La Argentina, en la ONU, hizo recomendaciones que apuntan a que el consumo es un problema de salud y no penal y que el uso de la fuerza debe estar aplicado al narcotraficante y no al consumidor.
Una de las ideas que analiza uno de los miembros de la comisión es dar intervención a la justicia civil, en lugar de a los jueces penales, cuando se está frente a un consumidor. Luego de que peritos lo revisen y un juez decida sobre sus facultades para decidir sobre sus bienes se lo someta a un tratamiento ambulatorio o con una internación, controlado por profesionales, designados por el juzgado.
Fernández consideró que una causa por drogas le insume al Estado un costo de unos u$s5.000.
El cambio atraviesa otros ejes: el fortalecimiento de la cooperación internacional en el control de precursores químicos y en las entregas vigiladas y en el control de los posibles nichos de corrupción, mejorando la inteligencia de las fuerzas de seguridad para que los jueces tengan casos importantes.
