Anularon la jubilación de privilegio a ex funcionarios de la di

La lista contiene nombres encumbrados del establishment que sostuvo al último gobierno de facto. Desde José Alfredo Martínez de Hoz hasta Jorge Zorreguieta, el padre de la princesa Máxima de Holanda. El Congreso aprobó una ley por la cual los ex funcionarios civiles de la última dictadura militar, con rangos de presidente a subsecretario, van a dejar de cobrar las jubilaciones de privilegio que aún reciben. Por ahora sólo existen registros públicos de catorce personas, pero se supone que son sólo una parte de un listado muy numeroso, afirma hoy el diario Página 12. La ley acaba de ser publicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia en 90 días. En lo esencial, la Ley 26.475 declara “extinguidos” a partir de ahora los beneficios para “todos los funcionarios que se desempeñaron como presidente de la Nación, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, en organismos descentralizados o entidades descentralizadas y administraciones públicas del llamado proceso de reorganización militar”. La discusión en el Congreso demoró más de dos años. “Fue francamente muy difícil, era un proyecto que debió haber salido en tres meses y demoró dos años”, dice Santiago Ferrigno, ex diputado pampeano del Frente para la Victoria, autor del proyecto que comenzó cuando alguien le acercó un puñado de datos. Luego obtuvo más información en la Anses, pero está convencido de que no es todo lo que había, le dijo al matutino. Entre los nombres de la primera lista están el ex ministro de Economía Martínez de Hoz; el ex secretario de Agricultura y padre de Máxima; Roberto Alemann, ex ministro de Economía de Leopoldo Galtieri; Lorenzo Sigaut con el mismo cargo con Roberto Viola; José María Dagnino Pastore, ministro de Economía de Reynaldo Bignone, y Juan Alemann, secretario de Hacienda de Videla. Además Ricardo Pedro Bruera; Juan José Catalán; Juan Llerena Amadeo; Sergio Martiri; Conrado Bauer; Amadeo Frúgoli; Adolfo Navajas Artaza y Jorge Aguado. Cuando arrancó la discusión del proyecto las pensiones estaban entre 3.500 y 5,500 pesos al mes, generando un gasto de unos 80 mil pesos mensuales para el Estado. A hoy la situación no parece muy distinta. Los ex funcionarios no sólo cobraban una jubilación de privilegio, sino que contaban con regímenes especiales. Por ejemplo, no cobraban el promedio del sueldo de los últimos diez años sino que se retiraban con el último sueldo, en general el más alto. Para conseguir zanjar diferencias en el Congreso, Ferrigno buscó puntos de consenso en torno de los problemas principales. “Una de las discusiones más importantes la dimos en torno de los ‘derechos adquiridos’, porque se suponía que son derechos que nadie puede sacar -explica en este caso Diana Conti, una de las coautores del proyecto-. Pero el trabajo jurídico consistió en demostrar que no puede haber derechos adquiridos cuando existe una usurpación del poder por métodos no constitucionales”. Fuente: Télam.