Argentina busca en La Haya paralizar las obras de Botnia

Argentina buscará que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya obligue al Estado urug uayo a pedir a la empresa finlandesa Botnia que suspenda, por un término de 90 días, la construcción de su planta en Fray Bentos, en las audiencias de alegatos del 8 y 9 de junio próximo en Holanda para poder hacer un estudio ambiental. Ese es el objetivo prioritario de Argentina, que recurrió ante ese organismo una vez agotadas las negociaciones con Uruguay para lograr que la empresa finlandesa Botnia paralizara la construcción para hacer el estudio de riesgo ambiental. La otra firma constructora, la española Ence, había aceptado hacer una suspensión de 90 días, pero la negativa de Botnia frustró la negociación. "La estrategia argentina es lograr que se dicte una medida cautelar que obligue al Estado uruguayo a ordenar suspender las obras de construcción de la planta de celulosa Botnia", explicó la titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), Romina Picolotti. El objetivo del equipo argentino será entonces la suspensión de las obras en la ciudad que está enfrente de Gualeguaychú, Entre Ríos, pero también apuntará que Uruguay "cese cualquier actividad que agrave la situación" surgida tras la instalación de las pasteras Ence y Botnia sobre el Río Uruguay, recurso compartido entre ambas naciones, apuntó Picolotti. Este reclamo se fundamenta en la violación del Tratado del Río Uruguay, firmado por Argentina y Uruguay en 1975, que regula "la óptima utilización y racionalización" de este río fronterizo entre ambos territorios. Según establece este tratado, el país vecino debió haber consultado a la Argentina antes de autorizar la instalación de las pasteras sobre el Río Uruguay y, además, tendría que haber garantizado a través de un estudio independiente que estas industrias no dañarán el medio ambiente de la región. Estos son los ejes centrales de la estrategia que Argentina llevará los días 8 y 9 de junio a La Haya, en el marco de las audiencias de alegatos que tendrán lugar en la sede judicial de las Naciones Unidas y que también tendrán en cuenta lo que diga al respecto Uruguay. Según informó el diario Crónica, encabeza el equipo de asesores de la Cancillería argentina la directora de la Consejería legal de ese ministerio, Susana Ruiz Cerutti, y completan el grupo la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, y el representante de Estado de Entre Ríos, Juan Carlos Vega, a quienes asesoran un grupo de abogados con sede en Ginebra y en Londres, con experiencia en tribunales internacionales. Cabe recalcar por último, que si bien el Tribunal no tiene poder "de policía" para imponer su resolución, las medidas que dicta son obligatorias por lo que no aceptarlas implicaría quedar fuera del sistema internacional. Fuente: agencia Nova.