Domingo 28 de Enero de 2007, 14:05

ASEGURAN QUE ISABEL NO TENÍA ACCESO A ESTRUCTURA DE TRIPLE A

| Atilio Neira, uno de los abogados de María Estela Martínez de Perón en Argentina, sostuvo que fundamentará su defensa en que la ex presidenta "no tenía acceso a la estructura de la Triple A", porque "su situación de poder era ahogada".

Neira afirmó que "ella, como todo el país, estaba enterada de la existencia de la Triple A, pero de ninguna manera estuvo involucrada en la estructura de esa organización paramilitar". El letrado afirmó que este será el "núcleo argumental" con que hará frente a la causa de "asociación ílicita" que el juez Federal Norberto Oyarbide abrió contra la ex presidenta, a quien ayer le dictó la prisión preventiva por sospechar que prestó "una colaboración esencial" a esa organización de ultraderecha. La situación de Isabel Perón al frente del Poder Ejecutivo Nacional "era ahogada y sofocada", dijo el abogado y subrayó que ella recibía información "filtrada" porque "no tenía aparato propio". Neira destacó "otro dato" que a su criterio "tira por tierra" las presunciones de que María Estela Martínez estaba relacionada a la Triple A, al señalar que su representada "recibió amenazas" de esa organización durante su mandato presidencial. Y anadió que "mientras las bandas paramilitares que participaron de la Tiple A siguieron trabajando impunemente en la tirania cívico militar subsiguiente, Isabel llevaba 5 años presa en condiciones infrahumanas". Neira recordó que el ex jefe de gobierno porteño y ex fiscal de la causa Triple A entre 1987 y 1990, Aníbal Ibarra, no pudo involucrar a Isabel Perón en la causa que promovió contra el ex ministro de Bienestar Social José López Rega, entre 1987 y 1990, porque "no había elementos" que permitieran involucrarla. Neira objetó también la existencia de reuniones de Gabinete encabezadas por la viuda de Juan Domingo Perón en las que se hayan proyectado fotografías de opositores para identificarlos a fin silenciarlos. El abogado consideró que "el argumento de Oyarbide al respecto no es demasiado fuerte" y calificó como "dichos, de dichos, de dichos" a los testimonios que dan cuenta de una reunión de ministros el 8 de agosto del '74 en la que se habría acordado el asesinato del ex comisario Julio Troxler. "Nadie va a pensar que la señora de Perón iba a constituir una asociación ilícita con la Triple A, una cosa siniestra y oscura, comprando armas mediante un decreto que quedó sellado con su firma", explicó. En tanto, anadió que "también es inverosímil que avezados dirigentes políticos hayan planteado aniquilamientos en una reunión de gabinete, cuando muchos de ellos son conocidos dirigentes incapaces de pensar siquiera en eso". En este marco, aseveró que la ex presidenta "tampoco encubrió ni fue cómplice de la salida de López Rega del país". Isabel "decidió echar" a López Rega para "defender el aparato sindical", dijo Neira en un claro contrapunto con Oyarbide, quien consideró que la mujer sacó del país al ex ministro fallecido para desvincularlo de una investigación judicial en su contra con la excusa de nombrarlo embajador ante los Estados Europeos. Con esa decisión, Isabel "dejó de lado a López Rega y se inclinó claramente por el sindicalismo, en el marco de la gran disputa que ese sector mantenía con el entonces ministro de Bienestar Social", corrigió Neira. Neira se refirió además a la causa que la Justicia Federal de Mendoza le sigue a Isabel por su presunta responsabilidad en la desaparición de un joven en esa provincia. En esa causa, hay un "matiz semántico" que "no es menor", dice el abogado, y se refiere al decreto que habla de "aniquiliar el accionar de la subversión y no a los subversivos", aseguró. Esto queda probado, según Neira, "en que el decreto del 7 de julio de 1975 ordena a las Fuerzas Armadas a entregar a la justicia a cada persona detenida". "Es decir que la señora de Perón no tiene responsabilidad sobre esas desapariciones, sino quienes no hayan ejecutado ese marco normativo como corresponde", sostuvo. Fuente: Télam.