Las asociaciones sostuvieron que el memorando viola la Constitución Nacional y varias declaraciones internacionales. El argumento más fuerte es el artículo 109, de la Carta Magna, que dice que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
A su vez, consideraron que la Comisión por la Verdad se constituye fuera del sistema legal argentino y atenta contra el debido proceso. En el mismo sentido, llamó la atención que el acuerdo alcance a los cinco iraníes con circular roja emitida por Interpol y no a los ocho que tienen orden de captura firmada por el magistrado a cargo del caso en la Argentina.
Reclamaron a la Justicia que envíe un oficio a Interpol para que se mantengan las circulares rojas contra cinco acusados por el ataque ocurrido en 1994. También solicitaron al Ejecutivo que se abstenga de poner en práctica el acuerdo de entendimiento.
