| La Justicia reclama todos los documentos del "Gasoducto del Noreste". Al ministro le imputan la cesión de beneficios incompatibles con la ley al Grupo Techint. El juez Marcelo Martínez De Giorgi pidió al gobierno "con carácter de urgente" los papeles relacionados con esa construcción.
A fines de avanzar en una causa en la que está imputado el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, la Justicia pidió este jueves con carácter de "urgente" al gobierno de Néstor Kirchner los decretos presidenciales y las resoluciones ministeriales atinentes al "Lanzamiento del Gasoducto del Noreste Argentino" (GNA).
La "urgente remisión" de documentación relacionada con el tema fue solicitada por el juez federal subrogante Marcelo Martínez De Giorgi mediante un oficio librado al secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.
Además, según confiaron fuentes judiciales a la agencia DyN, el magistrado pidió copias certificadas de documentos "relativos al GNA" al titular del Enargas, Juan Carlos Pezzoa, y el secretario de Energía, Eduardo Cameron.
El "Acuerdo Federal para el Lanzamiento del Gasoducto del Noreste Argentino" fue suscripto el 24 de noviembre de 2003 por representantes de la administración Kirchner y de los gobiernos de Salta, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Santa Fe, así como del grupo inversor Techint.
La adjudicación de la obra a la empresa Tecpetrol, que integra Techint, fue cuestionada ante la Justicia porque no hubo licitación pública que respaldara la contratación. Pero además, el caso violaría la legislación vigente por cuanto Tecpetrol obtuvo también la concesión para el transporte de gas desde la frontera con Bolivia hasta la finalización de la traza del gasoducto.
Según refiere el expediente, efectivamente, la ley 24.076 "impone una serie de incompatibilidades entre las actividades de producción, distribución y transporte del gas", que se darían en el acuerdo con Tecpetrol al serle asignada la construcción de un gasoducto a la misma empresa encargada de transportar el gas por esa vía.
De Vido y los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán; de Chaco, Roy Nikish, y de Misiones, Carlos Rovira, así como los ex mandatarios de Corrientes, Horacio Colombi; de Santa Fe, Carlos Reutemann, y el ministro de Gobierno salteño, Víctor Brizuela, habían sido sobreseídos en primera instancia, pero la Cámara Federal porteña revocó esa medida.
En mayo pasado, concretamente, la Sala II de la Cámara ordenó al juez subrogante profundizar la investigación y señaló que, principalmente, se debe analizar la intervención de Tecpetrol y la implementación en la operación de un mecanismo tarifario que le permitiría a Techint obtener un retorno anual real, en dólares, del 12 por ciento sobre la inversión en el gasoducto.
El costo de la traza del gasoducto para el abastecimiento de fluido a las provincias del noroeste, según el acuerdo, sería compensado por el Estado a través de un "Fondo de Infraestructura Energética" financiado con un cargo tarifario específico.
El ahora ex juez federal Jorge Urso, a quien reemplaza provisionalmente Martínez de Giorgi, había sobreseído a los funcionarios en primera instancia por entender que no podía presumirse como "delictiva" una negociación que no habría prosperado como fue planificada.
La Cámara, sin embargo, señaló que las pruebas reunidas en el sumario no verifican si "se mantiene en vigor" o no el acuerdo suscripto en 2003 y si introdujo modificaciones al plan original la firma, en 2004, de la Declaración Conjunta" entre Argentina y Bolivia, referida a la integración energética bilateral, y el "Protocolo Adicional" para el suministro de gas al vecino país.
Fuente: DyN.
