Judiciales | La Justicia investiga una supuesta red que habría cobrado sobornos de hasta el 15 por ciento para acelerar autorizaciones del sistema SIRA y acceder al dólar oficial durante la gestión de Alberto Fernández.
La investigación judicial sobre presuntas coimas para agilizar autorizaciones de importación comenzó a comprometer al empresario Martín Migueles.
La causa está a cargo del Juez Ariel Lijo y del fiscal Carlos Picardi, quienes investigan una presunta estructura de intermediación que habría cobrado retornos para destrabar en tiempo récord las autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
El SIRA fue el mecanismo utilizado entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 para autorizar compras al exterior y permitir a las empresas acceder al dólar oficial durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, Matías Tombolini en la Secretaria de Comercio, el Director General de Aduanas era Guillermo Michel y Miguel Pesce, Presidente del BCRA.
De acuerdo con la investigación, los sobornos oscilarían entre el 10 y el 15 por ciento del monto de cada operación, con la promesa de obtener aprobaciones en pocos días, cuando los trámites normales podían demorar varios meses.
En algunos casos, las empresas habrían logrado ganancias enormes al acceder a divisas al tipo de cambio oficial y luego aprovechar la diferencia con el mercado paralelo.
El expediente tomó impulso tras el análisis del teléfono celular de Migueles, donde la Justicia encontró audios y conversaciones en las que se mencionan negociaciones, porcentajes y contactos que supuestamente facilitaban las autorizaciones.
También aparecen nombrados otros empresarios y personas vinculadas con organismos oficiales. Los investigadores intentan determinar si existieron funcionarios públicos que participaron en la maniobra y quiénes fueron los responsables de aprobar las operaciones bajo sospecha.
Según trascendió, el circuito investigado habría movido cifras millonarias. Pero el negociado de las importaciones no era el único canal utilizado para exprimir las ventajas de la brecha cambiaria.
La maniobra paralela y multimillonaria vincula la venta de dólares oficiales a través de casas de cambio, entre las que destaca de manera central la firma "Arg Exchange", bajo el control directo de Migueles, Piccirillo y Francisco Hauque.
En esta ramificación específica del caso, los investigadores buscan determinar si existió complicidad por parte de altos funcionarios del Banco Central de la República Argentina.
La sospecha principal de la fiscalía es que, desde la entidad monetaria, se les autorizaba la compra de divisas al valor oficial para que luego la banda las volcara al mercado paralelo, obteniendo ganancias siderales que superaban el 200 por ciento.
