Martes 14 de Junio de 2011, 09:59

Bonafini pidió ser querellante y acusó a los Schoklender

| La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, solicitó ante el Juez federal Norberto Oyarbide ser querellante en la causa que investiga la supuesta malversación de fondos públicos de parte de Sergio y Pablo Schoklender, a quienes acusó por robar información de la Fundación luego de que explotara el escándalo.

Bonafini se reunió con el magistrado federal junto a su abogado, Eduardo Barcesat, y le pidió formalmente que le permita actuar como querellante contra los hermanos, a quienes tildó de "arquitectos profanos". En el escrito que le entregó a Oyarbide, la titular de Madres aseguró que el "crecimiento de los proyectos y de las obras" de la construcción de viviendas "indujo, muy especialmente a Sergio Schoklender, a generar una visión empresaria de aquello que, para las Madres, era una misión, un emprendimiento de derechos económicos, sociales y culturales". A la vez, acusó a los Schoklender de haber provocado un "vaciamiento documental en la sede de la Fundación (ubicada en Hipólito Yrigoyen 1542), para lo que llegó a emplearse un vehículo blindado". Al retirarse de los Tribunales, Barcesat apuntó duro contra los hermanos Shocklender y los señaló como los "jefes de la asociación ilícita" creada para malversar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas. "Esto es mucho más profundo incluso de lo que podríamos sospechar", advirtió el abogado. Según detalló, Bonafini acusó los Schoklender y demás imputados de una conducta "apropiadora y destructiva", al sustraer documentación en la sede de la Fundación, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 1542, luego de que estallara el escándalo. Las madres se refirieron en términos muy duros a los Schoklender, al recordar como se inició el vínculo de ambos hermanos con Bonafini: "Resulta doloroso admitir que aquellos a quienes, marginados en prisión, buscaron el cobijo de las Madres". Remarcaron que Sergio y Pablo "recibieron ayuda, alimento, empleo e inclusión social, y resultaran ser los arquitectos profanos del más doloroso dispositivo de traición a las Madres". A la vez, explicaron en el escrito que en 2006 iniciaron el proyecto "Sueños compartidos" de construcción de viviendas sociales por el "problema de la falta de vivienda digna". "Ni el Gobierno Nacional, ni los provinciales ni municipales han sido defraudados por el proyecto Sueños Compartidos", aseguraron las autoridades de la Fundación. Si bien las Madres aseguraron que por el momento desconocen "cómo operaba la banda", sí aseguraron que los cheques presentados por los Schoklender eran descontados en "cuevas financieras". "Se ha podido determinar que los cheques de pago que contra las certificaciones de avances de obra que entregaban las autoridades del Plan Federal de Viviendas, no todos eran depositados en las cuentas de la Fundación, sino que buena parte de los mismos eran descontados en cuevas financieras", expresaron. También advirtieron que "esa operatoria siempre era llevada a cabo por los ex apoderados, los hermanos Schoklender, por lo que era difícil de controlar o saber qué correspondencia había entre lo percibido, lo descontado en las cuevas y lo efectivamente depositado en las cuentas de la Fundación". Señalaron, además, que han podido conocer que tres camionetas de la Fundación estaban inscriptas en el Registro de la Propiedad Automotor a nombre de Meldorek S.A, la firma de la cual Sergio Schoklender tenía el 90 por ciento de las acciones y por medio de las cuales se adquirieron bienes tales como yates y aviones, que se sospechan son propiedad del ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. "Hay otros vehículos de cuya existencia no teníamos conocimiento y que eran, por lo visto, empleados por la banda para sus desplazamientos y beneficio personal", sostuvieron. En otro tramo, las Madres explicaron las medidas que adoptaron tras conocer la acusación contra los Schoklender: "Hubo que disponer del no pago de los cheques extraídos antes del desplazamiento de la ex administración de la Fundación, formulando los respectivos requerimientos ante las entidades bancarias, y la Policía Federal". Indicaron que también se debieron "cambiar las claves bancarias para impedir transferencias a otras cuentas del dominio de los querellados y facilitar, así, la tarea investigativa".