BUSTI EXPUSO EN DIPUTADOS

El primer mandatario, acompañado por el presidente de la Comisión, Jorge Arguello; el titular del Bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi (quien presentó el proyecto de declaración para respaldar la decisión del Ejecutivo Nacional de acudir a la Corte Internacional de la Haya), y los diputados Rafael Bielsa y Carlos Ruckauf; expuso sobre los antecedentes de las empresas responsables de los emprendimientos, legislación relacionada con el tema, y las acciones del Gobierno provincial para frenar la construcción de las pasteras. Además, dio a conocer un informe técnico sobre el impacto de la instalación de estas plantas del profesor Héctor Sejenovich. El encuentro se abrió con las palabras del diputado Arguello, quien agradeció la predisposición del gobernador de acercarse a la Comisión, al tiempo que habló de la necesidad de una definición polìtica de respaldo del Congreso ante una eventual presentaciòn ante La Haya por la construcciòn inconsulta y no consensuada de las papeleras de Ence y Botnia. “Hablo con dolor”, les dijo el gobernador a los legisladores presentes la Sala I del Anexo de la Càmara de Diputados. “Si hay una provincia que tiene similitud con la Nación uruguaya, con sus costumbres y con su pasado, es Entre Ríos”. En este sentido, insistíó en que no debe haber una provincia en la Argentina que tenga un culto mayor por José Gervasio Artigas como la nuestra, porque argentinos y uruguayos tenemos la misma historia y tenemos la misma bandera”. Tras recordar que en Entre Rìos viven más de 30.000 uruguayos que “son nuestros hermanos de lucha y de sueños”, y que corre por sus venas sangre uruguaya, el primer mandatario consideró oportuno traer a la memoria las palabra del ex - presidente uruguayo José Sanguinetti en 1998, quien durante un acto en el cual se formalizó la extensión de una red de gas natural desde Entre Ríos a una fábrica uruguaya, dijo que “los argentinos eran hermanos de los uruguayos, pero que los entrerrianos éramos los hermanos mellizos”. Por estas razones, el primer mandatario habló de “dolor” ante los diputados, para luego dejar en claro que es el gobernador de la provincia de Entre Ríos y tiene que “defender la vida de los entrerrianos”. En este marco, aseguró que lo hizo todo dentro de la legalidad, el derecho supranacional y de la justicia, y respetando la legitimidad de movilización y de participación popular que tiene la sociedad civil a través de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú,y por eso vale la pena continuar esta lucha”. Durante su exposición ante los legisladores, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el gobernador se refirió a los antecedentes de Ence y Botnia, poniendo de manifiesto en primer lugar que ninguna de ellas mostró interés en edificar plantas en Entre Ríos. No obvió mencionar que Ence fue condenada en 2002 por “Delito Ecológico” en Pontevedra (España) y obligada a pagar una multa de 433.000 euros. Seis de sus directivos debieron cumplir seis meses de arresto, la causa duró 12 años y la compañía fue declarada responsable civil subsidiaria, teniendo que indemnizar a personas que sufrieron crisis respiratorias y asistencia hospitalaria por fuga de gases irritantes. También debió que reparar los daños producidos a la Ría de Pontevedra desde la instalación de la fábrica. Si bien el gobernador les aclaró a los legisladores que “son abundantes las normas que la provincia ha promulgado en relación al cuidado del medio ambiente y al uso sustentable de los recursos naturales, en torno a este tema, destacó la sanción de la llamada “Ley Antirrepresas”, y la Ley que declara a Entre Ríos libre de fàbricas de pasta de celulosa. En otro orden, el primer mandatario hizo referencia a las acciones que encaró el Gobierno provincial para detener la construcción de las plantas, entre las que mencionó la primera reunión con delegados de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y representantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados en Defensa del Río Uruguay de Gualeguaychú que se celebró en enero de 2004;y la primera audiencia pública en la Municipalidad de Gualeguaychú, con la presencia de representantes de la Cancillería Argentina en febrero de ese año. A ello agregó que “funcionarios del gobierno entrerriano acompañaron las Misiones de Estudio y Conocimiento de Plantas de Pasta Celulosa organizadas por el gobierno uruguayo (Finlandia-agosto/2004 - España-octubre/2004)” y que “desde octubre de 2004 se comenzó a trabajar en forma conjunta con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para realizar un estudio de impacto ambiental independiente y de nivel académico”. Tras recordar que en febrero de 2005 se llevó a cabo una reunión con el secretario General de la Presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández, el primer mandatario hizo saber que “en varias oportunidades se mantuvieron encuentros con el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y con el entonces canciller Rafael Bielsa, al igual que con representantes de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú”. Busti recordó asimismo que el 30 de abril de 2005, junto vicegobernador, ministros, legisladores nacionales y provinciales y funcionarios del gobierno entrerriano, acompañó al pueblo de Gualeguaychú en la Gran Marcha al Puente Internacional General San Martín, de la cual participaron más de 40.000 personas. Paso seguido, refirió que en septiembre de 2005 se denunció al Estado Uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), dejando en claro que “la presentación no obedecía a una oposición antojadiza al desarrollo de un país vecino y tampoco a promover un enfrentamiento entre ecología/derechos humanos y economía, sino de trabajar en conjunto, pero no bajo pautas economicistas a costa de la degradación del medio ambiente y de la calidad de vida”. Además, el gobierno entrerriano presentó una denuncia ante la oficina del Ombudsman del Banco Mundial (BM), a cargo de Meg Taylor, contra los proyectos de las empresas. También se solicitó que el organismo audite el emprendimiento teniendo en cuenta lo que establecen las políticas internas de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Párrafo aparte mereció la denuncia penal que el Gobierno presentó en enero contra directivos de ENCE y Botnia ante la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay por la posible comisión de delito ecológico en grado de tentativa. “Se dejó asentado que los denunciados planean operar estas plantas durante un período de 40 años de manera ininterrumpida, por lo que los vertidos de efluentes líquidos al río Uruguay y la contaminación del aire y del suelo calculados anualmente deberán multiplicarse por cuarenta”, aclaró el gobernador entrerriano. Dicho esto, remarcó que “los denunciados se encuentran en este momento efectuando un sinnúmero de actividades tendientes a desarrollar sobre el río Uruguay la primera etapa de producción de celulosa, llamada ‘etapa sucia’ del proceso industrial” y que, aún existiendo sitios alternativos, han decidido por razones de lucro radicar estas peligrosas industrias a escasos 2 kilómetros (Botnia) y a 15 kilómetros (M’ Bopicua) de Fray Bentos, cuya población asciende a 23.000 habitantes y a 33 kilómetros de la localidad argentina de Gualeguaychú, cuya población asciende a 86.000 habitantes, sometiendo a esta población a severos riesgos y demostrando un total y absoluto desprecio por la vida”. En cuanto a la tecnología de procesamiento que utilizarán ambas plantas, se indicó que es el denominado ECF o Kraft, que emplea un derivado del cloro elemental altamente contaminante y que produce las siguientes afectaciones a la salud: irritabilidad de la epidermis y los ojos, malformaciones, irritabilidad del sistema respiratorio, inhibición del sistema inmunológico, alergia, hiperactividad, mal funcionamiento del sistema endocrino, diabetes, bajo peso en el nacimiento, deficiencia en la locomoción, cáncer, muerte. Luego, Busti consideró oportuno concluir en que “los denunciados están construyendo a escasos kilómetros de ciudades densamente pobladas las plantas de pasta de celulosa más grandes del mundo en volumen de producción y cuya tecnología de procesamiento destruirá recursos naturales argentinos durante cuarenta años y producirá la contaminación del agua, el suelo y el aire en una magnitud inusitada con graves riesgos a la salud”. A ello agregó que “pese a existir tecnología altamente superior y sitios alternativos de localización que evitarían el riesgo a la población, los denunciados dolosamente y por razones meramente económicas, deciden llevar adelante esta actividad delictiva priorizando su enriquecimiento personal sobre la vida de miles de personas”. Es en este marco, que el titular del Ejecutivo entrerriano mencionó que a fines de enero se aprobó por unanimidad en ambas Cámaras de la Legislatura entrerriana una resolución por la cual se solicita al gobierno nacional que Argentina presente una demanda por la construcción de las plantas en Fray Bentos ante la Corte Internacional de La Haya. “El argumento central es la violación al Estatuto Internacional del Río Uruguay, suscripto en 1975 entre Argentina y Uruguay”, remarcó. Párrafo aparte dedicó el primer mandatario al rol del Gobierno uruguayo que en 2003 autorizó la instalación de una fábrica de pasta celulosa de capitales españoles del grupo ENCE llamada M‘Bopicuá, en la ribera del río Uruguay, y en 2004 hizo lo propio con otra planta de celulosa, de origen finlandés, denominada Botnia SA, también en la costa del río Uruguay, a 3,5 kilómetros de la planta de ENCE. En este sentido, el gobernador aseguró que esta conducta del Gobierno uruguayo “solo demuestra su compromiso no con la calidad de vida de la población, sino con un crecimiento de actividades productivas que genere una ficción de progreso, mientras se margina, concentra y destruye la naturaleza”. Finalmente, el primer mandatario hizo referencia a un informe técnico sobre el impacto de la instalación de las papeleras coordinado por Héctor Sejenovich, en el cual se advierte sobre las consecuencias que tendrá la instalaciòn de las plantas sobre la salud de más de 300.000 personas, la actividad productiva y el turismo de la zona. “En enero de 2004, cuando la provincia comenzó a accionar en contra de la instalación de las plantas, en los lugares de emplazamiento no había ningún tipo de construcción, excepto la terminal portuaria de la firma ENCE SA. Actualmente, se están construyendo aceleradamente la planta y el puerto de Botnia SA, cuyo ícono es la llamada “chimenea” de hormigón de 120 metros de altura y 40 metros de diámetro”, explicó el gobernador, no sin antes aclarar que “en realidad, no se trata de una chimenea de la que saldrá humo, sino que constituye una gigantesca torre de blanqueo donde se utilizará dióxido de cloro para blanquear toda la pasta celulosa que producirá Botnia SA. Este proceso significa miles de litros de elementos altamente contaminantes que serán eliminados al río Uruguay”. El gobernador insistió en la necesidad de que se abra una etapa de espera de entre 60 y 90 días, durante la cual se paralicen las obras y se realice un estudio de impacto ambiental serio e independiente.