| La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó una serie de medidas de prueba ante el juez federal Guillermo Montenegro para establecer la eventual existencia de sobreprecios en la ampliación de dos gasoductos y determinar si a través de esas maniobras hubo pagos ilícitos a directivos de empresas privadas y a funcionarios públicos.
La OA, en su carácter de querellante de la causa, solicitó que se determinen “cuáles fueron las consultoras contratadas por Nación Fideicomisos, que colaboraron con el Enargas en el control de los trabajos de TGN y TGS en su condición de gerentes de proyecto, y, una vez identificadas, solicitar que entreguen al juez el producto de su trabajo”.
Este pedido de la OA -a cargo de Abel Fleitas Ortiz de Rozas- se originó en el informe de SIGEN que detectó debilidades en los controles que debían realizar los respectivos gerentes de proyecto respecto de la realización de las obras.
Además, solicitó que se requiera al Ministerio de Economía y al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil que informen si esa entidad crediticia, para aportar recursos al fideicomiso, exigía la contratación de empresas brasileñas y, a través de éstas, la posibilidad de subcontratistas locales.
De esta manera, se refirió al Concurso de Precios de TGS para la contratación de montaje de cañerías de gasoductos San Martín y Neuba II, otorgado con un presunto sobreprecio a la firma brasilera Odebrecht.
La OA remarcó que según habría reconocido Enargas, “este esquema comercial generó sobrecostos originados en una mayor estructura y en duplicidad de transacciones, que de acuerdo a la oferta final ascendieron 17 millones de dólares, y un mayor precio de la obra de instalación (17 millones de dólares)”.
Por este motivo la OA requerirá la profundización de la investigación sobre ese incremento del costo de la obra en 34 millones de dólares”, remarcó a través de un comunicado al que accedió la agencia Noticias Argentinas.
