| La municipalidad misionera de Garupá, a 20 kilómetros de Posadas, clausuró los talleres que la empresa brasileña América Latina Logística (ALL), concesionaria del servicio de cargas del ex ferrocarril Urquiza, posee en ese lugar, por la contaminación y mal tratamiento de desechos.
La decisión, tomada por el intendente Daniel Roa, se concreta luego que un grupo de 36 familias demandara por daños y perjuicios a la empresa que explota el ferrocarril de cargas en el NEA, por valor de más de un millón de pesos, debido a las complicaciones de salud sufridas por los habitantes de las inmediaciones de los talleres de la firma.
Las familias se consideran afectadas por la contaminación ambiental del barrio, que estaría originada en las descargas de hidrocarburos y metales pesados desde el taller que la empresa posee. Un hecho que fue corroborado en el mes de febrero del 2001 por técnicos de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) que constataron la contaminación.
Los análisis realizados en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales revelaron la presencia de “residuos de compuesto fenólico e hidrocarburos pesados en el cauce del río Garupá” y este estudio fue confirmado por los peritos del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
Los habitantes del barrio, representados por el abogado Ricardo Tarnowski, solicitaron a la comuna de Garupá el cese inmediato de la contaminación ambiental y la colocación del equipamiento decantador de los residuos líquidos, además de la reparación y recomposición del daño ambiental mediante el cambio de la tierra dañada por el derrame que se registra a metros de las viviendas.
Pidieron además que ALL construyera un muro de tres metros de alto que cubra todo el perímetro del barrio Sofanor Suárez en el sector que linda con los talleres del ferrocarril.
No obstante y a pesar de las intimidaciones formales del Departamento de Ecología y de la Municipalidad de Garupá, que además ordenó la instalación de una cámara para la depuración de los líquidos, la empresa no efectuó ningún tipo de obra tendiente a superar la situación.
En el barrio Sofanor Suárez viven 70 familias, aunque las que se consideran más afectadas por la contaminación son 36 que habitan la última fila de viviendas lindantes con el taller de ALL.
La lucha de las familias comenzó hace nueve años, cuando la firma inició sus actividades en el taller donde se reparan y acondicionan los trenes de carga.
Desde entonces, los afectados acumularon documentación en la que se da cuenta de los efectos que el derrame provoca en la salud de los habitantes del barrio.
Los vecinos sostienen que “los chicos sufren cefaleas, náuseas, vómitos, irritaciones en la piel y en las vías respiratorias” y aportan “los certificados médicos de estos nueve años” como prueba de lo que manifiestan.
Además de los supuestos efectos nocivos sobre la salud, los vecinos señalaron que la tierra de los patios está impermeabilizada por los aceites que larga el taller, lo que hace que el olor sea insoportable.
“El aceite y los combustibles afectan también a los pozos ciegos, que reciben la descarga de las cámaras sépticas y, por estar impermeabilizados, no pueden filtrar los líquidos. Como resultado, la materia fecal sale a la superficie e inunda los patios”, aseveraron los vecinos en su demanda.
Las autoridades municipales de Garupá mantuvieron una reunión con representantes de la empresa, pero estos adujeron desconocer la jurisprudencia de la comuna para accionar en contra de la firma, tras lo cual el intendente Roa resolvió ordenar la clausura de los talleres, lo que finalmente se concretó el sábado en horas de la mañana.
Fuente: Norte Grande.
