| El ex Presidente, quien podría ser procesado por el delito de cohecho, declaró ante el juez Daniel Rafecas en la causa por las coimas en el Senado. Durante su descargo, aludió a supuestas contradicciones en las que habría incurrido el ex secretario parlamentario.
El ex presidente de la Nación, Fernando De La Rúa, volvió a Tribunales este jueves para ampliar su declaración indagatoria por su presunta responsabilidad en el pago de sobornos a senadores para la aprobación de la afamada Ley de Reforma Laboral en el año 2000.
La cita ante el juez Federal Daniel Rafecas respondió a una ampliación de la última indagatoria realizada el pasado 5 de junio, cuando el mandatario aliancista compareció durante más de 10 horas ante el magistrado, ocasión en la que rechazó haber usado fondos reservados de la SIDE para sobornar a los legisladores nacionales.
De acuerdo a lo informado por Clarín, en esta audiencia aportó fotografías y volvió a apuntar contra el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien le atribuyó haber autorizado el pago de sobornos a senadores nacionales para que, en abril de 2000, aprobaran la aludida ley.
De La Rúa se lamentó cuando el juez interrogó por última vez a Pontaquarto, y "no le formuló ninguna pregunta relacionada con las contradicciones en las que incurrió, tales como descripciones de sectores y muebles de la Casa Rosada", señaló.
El ex Presidente, sospechoso de cohecho activo y que podría ser procesado, pretende demostrar que en el Senado había votos suficientes para aprobar la norma -por lo que no había motivos para recurrir al pago de coimas-, e intentará convencer a Rafecas de que la reforma al régimen de trabajo no fue una exigencia del FMI, según dijeron allegados a De la Rúa.
En la causa ya están con procesamiento firme el ex ministro de Trabajo de la Alianza Alberto Flamarique -alias "Banelco"-; seis ex senadores nacionales, el ex titular de la SIDE, Fernando De Santibañes, y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien confesó haberse ocupado personalmente de distribuir 5 millones de pesos/dólares, presuntamente destinados a comprar voluntades en la Cámara Alta nacional.
Fuente: agencia Nova.
