| El ex presidente se presentó esta mañana para ser interrogado por el juez Ballestero, quien decidió citarlo luego de un pedido del fiscal Delgado, que considera al ex jefe de Estado y a otros funcionarios responsables de un fraude cercano a los US$ 40.000 millones.
El ex presidente Fernando de la Rúa será indagado esta mañana en la causa en la que se investiga si cometió un millonario fraude contra el Estado cuando realizó el denominado "megacanje" de la deuda externa en 2001, durante la última etapa de su gobierno.
El ex mandatario se presentó hace minutos en los tribunales federales de Retiro y se descontaba que aceptará ser interrogado por el juez Jorge Ballestero, a quien también le entregaría un escrito.
Ballestero decidió citar a De la Rúa luego de un pedido formulado el pasado 10 de julio por el fiscal Federico Delgado, quien considera al ex jefe de Estado y a otros funcionarios responsables de un fraude cercano a los 40.000 millones de dólares.
De la Rúa realizó el canje de títulos de la deuda externa a mediados de 2001, a través del decreto 648/01, y siempre lo mostró como uno de los mayores logros de su gobierno, pero a fines de ese año debió renunciar en medio de una gravísima crisis económica, política y social.
Poco después, el país entró en default -se dejaron de pagar todas las obligaciones con los organismos internacionales de crédito- y la situación recién comenzó a recomponerse durante la gestión de Eduardo Duhalde.
Para el fiscal Delgado, no sólo De la Rúa fue responsable de esa operación, sino el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y parte de su equipo en el Palacio de Hacienda: Daniel Marx, Julio Dreizzen y Jorge Baldrich, de quienes reclamó su procesamiento.
La fiscalía reclamó también que el juez cite como imputados a los presidentes de los bancos Galicia, Santander, Francés, Credit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney, que cobraron 150 millones de dólares de comisión para hacer la operatoria, que incluyó "el canje de sus propios bonos".
Delgado afirmó que el "diseño y la implementación" tuvo la "deliberada evasión de los funcionarios y sus consortes privados de toda gama de barreras teóricas y prácticas", cuyas conductas van "mucho más allá del resultado financiero" del "megacanje".
El fiscal sostuvo que se implementó una "misce en scene" mediante la "contratación del grupo de bancos" para hacer un "desplazamiento patrimonial a favor de un agente o tercero" de bienes de la administración pública, lo que configura el "ardid o engaño" al que alude el Código Penal cuando define la estafa.
Fuente: Clarín on Line.
