Declararon la inconstitucionalidad de las "leyes del perdó
| El máximo tribunal anuló por una amplia mayoría la Obediencia Debida y el Punto Final. El fallo habilita la apertura de juicios a centenares de militares acusados por su actuación en los años 70.
La decisión fue adoptada este mediodía, y se tomó por una amplia mayoría de siete votos contra dos.
De acuerdo con las primeras versiones, el máximo tribunal habría dispuesto la invalidez jurídica de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final por cinco votos concurrentes y otros dos en disidencia.
Asimismo, según se supo, la decisión se adoptó pese a la abstención de Augusto Belluscio y el voto en contra de Carlos Fayt.
El caso en el que falló la Corte es en el que se investigó el secuestro y muerte de José Poblete y su esposa Gertudris Hlaczik y la apropiación ilegal de la hija de ambos el 27 de noviembre de 1978, por la que cumple prisión preventiva el ex suboficial de la Policía Federal Julio "el Turco" Simón.
En este caso, la Corte resolvió en línea con el dictamen favorable que el 5 de mayo último emitió el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien falló a favor de la inconstitucionalidad de esas normas sancionadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín.
Para el procurador Righi, estas leyes son inconstitucionales porque al momento de su sanción estaban vigentes "normas de jerarquía superior, que vedaban al Congreso la posibilidad de dictar leyes cuyo efecto fuera impedir la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos".
"Procede entonces concluir que las leyes 23.492 y 23.521 -evaluó- son inconstitucionales, en tanto por su intermedio se pretenda conceder impunidad a quien es imputado como uno de los responsables de la desaparición forzada y de las torturas de las que habría sido víctima el matrimonio Poblete-Hlaczik".
En su dictamen, el procurador destacó además que los delitos imputados a Simón no esta prescriptos, porque según la normativa internacional los delitos de "lesa humanidad" son imprescriptibles.
