Denuncian intolerancia a la crítica por parte del Gobierno

El último reporte trimestral presentado hoy en Washington por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), dependiente de la OEA, indica que el respeto a la libertad de expresión ha sufrido un preocupante deterioro en el continente, y destaca la preocupación por la situación que se vive en la Argentina. El informe afirma que "una creciente tendencia a la intolerancia hacia la crítica por parte de varios gobiernos de la región", se refleja en "la utilización recurrente por el poder público de métodos más sutiles de coaccionar a la prensa". Uno de los puntos que más se resalta en el informe elaborado por la relatoría entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, es la preocupación por las reiteradas denuncias recibidas sobre la situación de la libertad de expresión en la Argentina, en las que se menciona "la utilización de diferentes formas de presión del gobierno a la prensa que mantiene una línea editorial crítica a éste". Cita entre éstas, una política discriminatoria en la asignación de publicidad oficial, el señalamiento recurrente de altos funcionarios contra la prensa y agresiones físicas y amenazas contra periodistas y directivos de medios de comunicación. Las acciones que más se denuncian son: la aplicación de "políticas discriminatorias en la asignación de publicidad oficial, la discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, los despidos de medios estatales y de medios privados como resultado de la presión gubernamental e inspecciones administrativas por organismos gubernamentales". Todas éstas son marcadas por la Relatorìa como "situaciones preocupantes en varios países". "La libertad de expresión no sólo implica tener en la práctica la posibilidad de difundir información inconveniente o crítica al poder público, sino que incluye además el no tener que enfrentar posteriormente por ello consecuencias ilegítimas provenientes del Estado", destacó el relator especial de la CIDH, Ignacio Alvarez. El aumento de la violencia física contra periodistas -que incluye siete homicidios y una desaparición-, la lentitud de las investigaciones sobre homicidios de periodistas cometidos previamente, tanto como procesos penales contra comunicadores por presuntos delitos de desacato, difamación o injuria son las situaciones más flagrantes de violación de la libertad de expresión registrados por la Relatoría entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año. La Relatoría Especial indicó que "deplora" además los asesinatos de los periodistas Milton Fabián Sánchez y Atilano Pérez Barrios en Colombia, país en el que denuncia la existencia de casos de agresión física, atentados y amenazas de muerte, así como acciones de censura previa por parte de fuerzas de seguridad. También fueron asesinados durante el trimestre, aparentemente en relación con su ejercicio profesional, los periodistas Manoel Paulino da Silva y Ajuricaba Monassa de Paula en Brasil, Eduardo Heriberto Maas Bol en Guatemala, Enrique Pérez Quintanilla en México y Jesús Flores Rojas en Venezuela. Desde el 11 de julio, una semana después de haber publicado artículos sobre redes de prostitución, se encuentra desaparecido el reportero Rafael Ortiz Martínez, del diario "El Zócalo" de Monclova, en el estado mexicano de Coahuila. En el caso de Cuba, el informe destaca que luego del traspaso provisorio del gobierno a Raúl Castro, por la enfermedad de su hermano Fidel, la Relatoría Especial "no ha percibido ningún cambio en la situación de total irrespeto hacia la libertad de pensamiento y expresión" en el país caribeño. También en Estados Unidos se registraron situaciones peocupantes para la Relatoría de la CIDH, en particular por las sentencias judiciales contra dos periodistas del "San Francisco Chronicle" que se negaron a revelar la identidad de las fuentes de su investigación sobre el presunto uso de esteroides por parte de atletas profesionales. "La libertad de expresión no sólo implica tener en la práctica la posibilidad de difundir información inconveniente o crítica al poder público, sino que incluye además el no tener que enfrentar posteriormente por ello consecuencias ilegítimas provenientes del Estado", destacó el relator especial de la CIDH, Ignacio Alvarez. Los informes trimestrales de la Relatoría Especial se resumen en un informe anual, en el que se presentan a la CIDH recomendaciones para iniciar acciones que permitan revertir las situaciones detectadas como una amenaza persistente a la libertad de expresión. "El objetivo de los informes es llamar la atención para que los Estados puedan tomar las medidas necesarias", precisó Alvarez en declaraciones a dpa, "trabajamos en diálogo constante con todos los Estados de la región, excepto Cuba." "Vemos avances en cuestiones legislativas y judiciales", agregó el relator especial en referencia a la modificación del anteproyecto de reforma al Código penal en Panamá, dejando de lado iniciativas de penalización de delitos contra el honor, así como al sobreseimiento definitivo de la periodista Ana María Navarro, denunciada en Costa Rica por un alcalde por presuntas injurias y calumnias. "Pero a la vez vemos acciones regresivas como en Uruguay", donde la Corte Suprema revirtió su propia jurisprudencia previa al condenar a prisión a un periodista por difamación de un intendente (alcalde).