Judiciales | El Gobierno presentó una denuncia penal por terrorismo contra quienes violentaron las inmediaciones del Congreso de la Nación durante el debate por la reforma laboral.
El Poder Ejecutivo nacional formalizó este viernes ante la Justicia Federal una denuncia penal contra cuatro personas vinculadas con los graves disturbios ocurridos en las cercanías del Congreso de la Nación, en el marco de la movilización por el debate de la reforma laboral.
Según el escrito presentado por el Director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional, Lisandro Manuel Franco, los acusados deberán responder por delitos que incluyen atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, resistencia a la autoridad, daños y lesiones agravadas, todos con el agravante de haberse realizado con el objetivo de “provocar terror” entre la ciudadanía y obstaculizar el funcionamiento del Congreso.
Las autoridades sostienen que los incidentes no se limitan a desórdenes comunes, sino que implicaron el uso de explosivos caseros como bombas molotov y otros objetos contundentes arrojados contra fuerzas de seguridad, lo que —en su visión— encuadra dentro de la figura penal de terrorismo.
La denuncia, que fue elevada al juzgado federal de turno, exige una investigación exhaustiva para identificar no sólo a los responsables directos, sino también a eventuales instigadores y estructuras detrás de los hechos, así como la detención inmediata de los señalados.
Tres agentes federales resultaron heridos durante los enfrentamientos, incluyendo un efectivo con traumatismo de cráneo, según fuentes policiales. Las fuerzas de seguridad continúan analizando registros de video para avanzar en nuevas identificaciones de los involucrados.
El Ejecutivo argumenta que el accionar buscó no solo alterar el orden público, sino generar un clima de miedo que pudiera frenar la labor legislativa mientras el Senado daba media sanción a la iniciativa de reforma laboral, lo que llevó al Gobierno a adoptar una postura de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia o terrorismo en el espacio público.
El caso pasó ahora a manos de la Justicia, que deberá evaluar las figuras imputadas por el Ejecutivo y determinar si los hechos denunciados efectivamente encuadran en delitos de lesa democracia y terrorismo, tal como sostiene la presentación oficial.
