| La Cámara de Diputados aprobó por abrumadora mayoría la derogación del viejo Código de Justicia Militar, con el objetivo de abolir el fuero castrense y someter a los uniformados a la justicia federal.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el 19 de abril pasado fue aprobado por 154 votos afirmativos contra 2 negativos, luego de la defensa formulada por la presidenta de la Comisión de Defensa de la cámara baja, la kirchnerista Rosario Romero.
La iniciativa -que fue girada al Senado- pone a la Argentina en línea con las legislaciones internacionales y "convierte al soldado en un ciudadano", según definió en su momento el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.
Al desaparecer el fuero militar, los delitos cometidos por uniformados pasarán a ser juzgados mediante el debido proceso del cual gozan todos los ciudadanos, por el Código Penal y por el Código Procesal Penal de la Nación.
Con el nuevo régimen para los militares quedará eliminada la pena de muerte y el calabozo, pero se sancionará en cambio el acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas.
Romero dijo que el proyecto "no atenta contra el principio de autoridad en las Fuerzas Armadas, pero evita arbitrariedades al consagrar un régimen disciplinario sano para mantener el orden".
El proyecto fue apoyado por la bonaerense María del Carmen Rico, hija del coronel Aldo Rico, por el ARI, la UCR y el socialismo, en tanto sólo manifestó su oposición la diputada macrista Nora Guinzburg, de PRO, quién señaló que "no quiere a las Fuerzas Armadas convertidas en un grupo de boy scouts".
La iniciativa fue el fruto de las deliberaciones de una comisión en la que participaron auditores militares, juristas, legisladores y representantes del Ministerio de Defensa.
La existencia de un fuero especial para militares fue cuestionada por los más prestigiosos constitucionalistas que lo consideran "una discriminación".
El Código de Justicia Militar -que data de 1951- resulta también contradictorio con la incorporación de los pactos
internacionales a la carta magna, en la reforma de 1994.
La existencia del fuero militar fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humnanos (CIDH) por las sanciones a dos oficiales, uno de ellos Rodolfo Correa Belisle, testigo del caso Carrasco.
"Es que el nuevo régimen otorga también mayores garantías a los militares", explicó la diputada Romero.
Los ejes principales de la reforma son los siguientes:
-Obliga a la autoridad militar a preservar los elementos de prueba por delitos cometidos por uniformados.
-Limita las facultades de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir órdenes a población civil en zonas de combate, dónde sólo podrán remitir al juez al infractor.
-Establece un régimen disciplinario autónomo para militares.
-Prohibe la doble sanción disciplinaria por el mismo hecho.
-Sanciona el acoso sexual.
-Prevé como únicas sanciones el apercibimiento, el arresto y la destitución de las Fuerzas Armadas.
-Crea un procedimiento penal militar para situaciones de conflicto, cuando resulte imposible someter al personal castrense a la justicia federal.
-Garantiza la intervención de letrados como defensores fiscales, jueces de instrucción y secretarios de tribunal.
