Diputados aprobó el paquete anticrisis

La Cámara de Diputados aprobó hoy en general el proyecto del Poder Ejecutivo que establece una serie de medidas en materia laboral, tributaria y de blanqueo de capitales, en el marco de una extensa sesión signada por cruces entre el oficialismo y la oposición. El proyecto, que apunta a fortalecer el empleo y mantener la actividad productiva frente a la crisis internacional, fue aprobado por votos 131 contra 75, tras casi 11 horas de debate y en medio de una fuerte polémica generada a partir del planteo de una veintena de diputados cuyo voto no fue registrado. Luego de esa votación, los diputados debatían en particular los 51 artículos que conforman la iniciativa. Para iniciar la sesión, el oficialismo debió reunir quórum necesario de 129 diputados con sus propios legisladores y algunos aliados, debido a que la oposición no prestó sus números para abrir la discusión de la iniciativa. El debate se inició a las 14.30, luego de una sesión especial en la que se conmemoró los 25 años de la democracia, con una discusión sobre el reglamento, luego de que el Frente para la Victoria (FPV) mocionó el cierre de la lista de oradores cuando todavía la oposición no había llegado a ocupar sus bancas. En medio de duros cuestionamientos de los bloques opositores, el oficialismo accedió al planteo reglamentario y modificó el orden del día para que el conjunto de medidas anticrisis fuera debatido en primer término. El proyecto consta de tres capítulos, el primero de Regularización de Tributos y Recursos de la Seguridad Social; el segundo de Régimen Especial de Regularización del Empleo No Registrado con Prioridad en Pymes y el tercero dedicado a la repatriación de capitales. Al abrir el debate, el titular de la comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato, defendió la iniciativa por considerar "oportuno intentar fortalecer la economía real y la expansión de la economía formal" ante una "gran desaceleración" que se registra en el mundo, a partir de la crisis financiera internacional. La propuesta oficial, según resaltó Marconato, "asegura un destino apropiado de los fondos, acorde al desarrollo económico", en tanto quienes "exterioricen sus activos no estarán obligados a informar la fecha de adquisición de los mismos, ni dar explicaciones del origen de los fondos ante el AFIP". En tanto, y para el titular de la comisión de Legislación Laboral, el kirchnerista Héctor Recalde, el proyecto "aporta a una sociedad más justa, igualitaria y con equidad social" y aseguró que la idea del oficialismo es "diferenciar y proteger a las pequeñas empresas" y promover la "inclusión social" a partir del blanqueo de los empleados en negro. Al defender su postura a favor del proyecto, la diputada de Guardia Peronista, Paola Spátola, que denunció haber recibido amenazas por su posición, acusó a algunos sectores de "hacer política con la crisis" y reiteró que respaldará el texto "porque hay que mostrar seriedad desde la clase política". Por su parte, el kirchnerista Luis Cigogna, titular de la comisión de Justicia, dijo que "no tolerará que alguien diga que es una ley de amnistía", al sostener que "es una falta de respeto, una falsedad y una infamia" esa acusación, al responder los cuestionamientos realizados por Felipe Solá, alejado semanas atrás de la bancada oficialista. Desde la oposición, el radical Oscar Aguad Pedro Azcoiti, al anticipar el rechazo de su bancada al proyecto, consideró que el gobierno nacional "descubrió tarde la crisis" y sostuvo que esta ley "sanciona la impunidad". También, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano cuestionó el proyecto del Poder Ejecutivo y sostuvo que "es como dar una aspirina a un enfermo terminal", al reclamar medidas más profundas para enfrentar la crisis internacional. El proyecto, enviado semanas atrás por el Poder Ejecutivo que consta de 51 capítulos, recibió una serie de modificaciones acordadas por las autoridades de Presupuesto y de Legislación Laboral y los funcionarios que participaron en la elaboración del proyecto, específicamente en el tema del blanqueo de capitales. Uno de los cambios tiene que ver con el artículo 32, donde se sostiene que "los sujetos que efectúen la exteriorización no deberán informar a la AFIP, sin perjuicio del resto de las obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas". El proyecto podría ser convertido en ley por el Senado entre el 18 y el 23 de diciembre, según estimaron fuentes del Frente para la Victoria de la Cámara alta. Fuente: Télam.