Diputados aprobó la Ley de hidrocarburos

La Cámara de Diputados aprobó anoche y giró al Senado, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para la promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos que contempla beneficios impositivos a las empresas que inviertan en el sector. La iniciativa, que amplía las zonas de exploración y explotación petrolera, establece 15 años de incentivos para las empresas que presenten nuevos proyectos que van desde beneficios para la compra de bienes de capital hasta desgravaciones tributarias. La norma fue aprobada por 121 votos contra 74 y dos abstenciones, tras varias horas de debate entre el oficialismo y la oposición, que cuestionó en el recinto el papel de Enarsa y los "beneficios impositivos para las grandes empresas petroleras". El proyecto para la exploración de hidrocarburos contempla la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las inversiones de bienes de capital que realicen las empresas petroleras y habilita a que los gastos realizados en la etapa de exploración y explotación se amorticen en tres cuotas iguales. Según el proyecto, la empresa estatal Enarsa deberá formar parte en asociación, de los permisos de exploración y la posterior concesión de explotación. Se trata de una norma que fue cuestionada por un amplio sector de la oposición -que presentaron dictámenes en minoría- que propone, entre otras cuestiones, "reemplazar gradualmente las actuales cinco cuencas que producen el 100 por ciento de los hidrocarburos". Al defender el proyecto, el oficialismo destacó la necesidad de ampliar la cantidad de cuencas que están funcionando, ya que hasta hoy sólo están en actividad cinco de las veinte zonas con posibilidades de exploración y explotación, y pusieron de relieve su importancia para asegurar el abastecimiento energético. Desde el kirchnerismo, la fueguina Rosana Bertone, titular de la comisión de Energía, destacó que "es imprescindible otorgar instrumentos legales para fomentar la exploración de hidrocarburos" y consideró que se trata de "un paso adelante en la consolidación del modelo de crecimiento". También, el titular del bloque Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, dijo que con esta norma "el Estado recupera posiciones en la exploración y explotación de hidrocarburos" y rechazó las críticas de la oposición, al destacar que el gobierno "no es responsable de la supuesta e hipotética crisis energética pero sí del crecimiento económico del país". La iniciativa fue respaldada además por el Peronismo Federal que, a través de Aníbal Stella, destacó que Enarsa "podrá ser útil en el esquema de un proyecto energético a largo plazo" y puso de relieve que "ninguna política energética se da de un día para el otro". En tanto, el diputado radical Miguel Angel Giubergia, se mostró en contra de la iniciativa oficial y sostuvo que, a través de esta norma, "lo que se está haciendo es profundizar el esquema de la década del '90 en contra del interés nacional", al advertir que "las empresas no van a invertir más con este proyecto". Además, manifestó su rechazo a la norma el diputado de la CTA, Claudio Lozano, quien negó que la iniciativa "fortalezca" a la empresa estatal de energía Enarsa y consideró que, con esta norma, el Congreso "está decidiendo mantener el cuadro de depredación vigente en materia de hidrocarburos". Por su parte, desde el Justicialismo Nacional, Jorge Sarghini, adelantó el voto en contra de ese bloque a la iniciativa oficial, al sostener que "es un muy mal proyecto" y consideró que "promueve la evasión, no fomenta emprendimientos ni la entrada de nuevos jugadores al sistema". También, la diputada del ARI, Elisa Carrió, cuestionó el proyecto oficial y afirmó que Argentina "hace exactamente lo contrario de otros países como Brasil en torno al petróleo", al enfatizar: "Ahora entendemos para qué se creó Enarsa que es el instrumento jurídico al servicio de esta nueva entrega". Antes de comenzar la sesión, organizaciones gremiales y dirigentes de la CTA, encabezados por Víctor De Gennaro, realizaron esta tarde una ruidosa marcha frente al Congreso Nacional para rechazar la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. A través del proyecto, se habilita además a los titulares de los permisos de las concesiones a no abonar el impuesto a la ganancia mínima presunta y a eximir del pago del derecho de importación. La norma exigirá también a los potenciales beneficiarios de la política de promoción asociarse con la empresa pública de energía Enarsa, como requisito para obtenerlos, aunque se establecería que podrá no hacerlo cuando exista una razón fundada para ello. Los beneficios regirán a partir de la promulgación de la ley y por cinco años para áreas situadas en la plataforma continental, cuatro años para cuencas sedimentarias sin producción y tres si tienen producción. De acuerdo al proyecto, la autoridad de aplicación podrá extender esos períodos por un máximo equivalente a la mitad del plazo establecido para cada categoría, y el cupo fiscal total de los beneficios se fijará anualmente en la respectiva ley de Presupuesto Nacional. Fuente: Télam.