Política | La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. La sesión se extendió por más de 11 horas y estuvo acompañada por protestas de organizaciones ambientalistas en las afueras del Congreso.
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto impulsado por el Gobierno a pedido de mandatarios de provincias cordilleranas con proyectos mineros.
La votación en general se concretó a las 2.30 y arrojó 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, siguió el momento de la votación desde uno de los palcos del recinto.
El oficialismo consiguió la aprobación con el acompañamiento del interbloque Fuerza del Cambio —integrado por el Pro, la UCR, Karina Banfi y José Luis Garrido, con excepción del MID—; además de los bloques provinciales Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo e Independencia, que responden a los Gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
También apoyaron algunos legisladores del interbloque Unidos y dos integrantes de Unión por la Patria.
En tanto, el rechazo provino principalmente del bloque Unión por la Patria, la mayoría del interbloque Unidos, el Frente de Izquierda y los monobloques Defendamos Córdoba, Coherencia y Primero San Luis.
La votación se realizó en un solo acto luego de aprobarse una moción del diputado Nicolás Mayoraz para votar en general y en particular de manera conjunta.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, había planteado votar artículo por artículo, pero la propuesta del titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales se impuso por 134 votos contra 117.
Esa modalidad derivó en que los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, optaran por abstenerse, ya que tenían previsto acompañar en general pero modificar el artículo 3°.
También se abstuvo la legisladora neuquina Karina Maureira. El debate se prolongó durante más de 11 horas, con discursos mayoritariamente críticos al proyecto y diversas interrupciones por cuestiones de privilegio y homenajes.
Aunque había una docena de legisladores de La Libertad Avanza anotados para hablar, finalmente solo lo hicieron representantes oficialistas al inicio y al final de la sesión.
La jornada legislativa había comenzado el día anterior a las 15.13, cuando el tablero marcó 129 presentes, permitiendo el quórum necesario para iniciar la primera sesión de la Cámara baja desde el inicio del período ordinario.
Durante la tarde, la oposición intentó incorporar otros temas al debate mediante apartamientos del reglamento —entre ellos el caso Adorni, el caso $LIBRA, la suspensión de acreditaciones a periodistas y la postura argentina frente a la guerra en Medio Oriente—, pero todas las propuestas fueron rechazadas.
Mientras se desarrollaba la sesión, en las afueras del Congreso se realizaba una protesta de organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas, entre ellas La Cámpora, en rechazo a la reforma.
En un momento se registraron corridas cuando fuerzas de seguridad desplazaron a manifestantes por un tramo de la Avenida de Mayo.
También hubo movilizaciones en otras provincias, como Mendoza. Diversas ONG, asociaciones y particulares adelantaron que recurrirán a la Justicia para impugnar la norma.
Entre los cuestionamientos mencionaron la modalidad de la audiencia pública realizada el 25 y 26 de marzo, donde solo expuso una pequeña parte de los más de 100 mil inscriptos para participar.
Aunque en el Senado esa instancia no se había realizado, en Diputados el oficialismo accedió al pedido opositor de convocarla. Sin embargo, tras la masiva inscripción y la decisión de limitarla a dos jornadas, sectores críticos señalaron que el procedimiento no se ajustó a lo previsto por la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
El proyecto llegó al recinto un día después de obtener dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde expusieron funcionarios nacionales y provinciales vinculados al área minera que respaldaban la iniciativa.
La oposición cuestionó que no se convocara a especialistas en derecho constitucional y sostuvo que la norma implica una regresión en materia ambiental, argumento rechazado por el oficialismo.
La reforma redefine el objeto de protección de los glaciares y del ambiente periglacial y otorga a las provincias la facultad de determinar qué es un glaciar o ambiente periglacial dentro de sus territorios.
También podrán solicitar al IANIGLA la exclusión de geoformas del Inventario Nacional si consideran, mediante estudios técnicos y científicos, que no cumplen funciones hídricas.
Además, incorpora un criterio interpretativo que subordina la aplicación de la Ley al principio constitucional de uso racional de los recursos naturales establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
La norma incluye el principio precautorio, por el cual todo glaciar o geoforma registrado en el Inventario Nacional se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente determine que no posee funciones hídricas.
Esa verificación quedará en manos de cada provincia, que deberá informar al IANIGLA para actualizar el inventario.
También se introducen cambios en el régimen de prohibiciones, que se aplicará únicamente a los glaciares y geoformas con funciones hídricas identificadas por la autoridad ambiental local.
Entre las actividades prohibidas continúan la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y las obras que alteren de manera significativa la condición natural del glaciar o su función hídrica.
El texto habilita además a las provincias a definir, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto produce una alteración relevante.
Asimismo exige evaluaciones de impacto ambiental previas para cualquier actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y contempla evaluaciones estratégicas cuando la escala del proyecto lo requiera.
Quedan exceptuadas las actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.
Finalmente, la Ley redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, aunque con información permanente proveniente de las provincias.
El Gobierno sostuvo que, a 15 años de vigencia de la normativa, solo se completó el nivel 1 del inventario y aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.
