Diputados dio media sanción a proyectos contra el lavado de din

La Cámara de Diputados aprobó anoche y giró al Senado dos proyectos contra el lavado de dinero que incorporan penas por delitos económicos y financieros y agravan la punibilidad de los delitos con finalidad terrorista. El primero de los proyectos que busca modificar el artículo 41 Código Penal y establece cambios sustanciales en el tipo penal sobre terrorismo y su financiamiento, fue aprobado por 134 votos contra 90, en tanto que la iniciativa que penaliza la manipulación del mercado financiero logró 165 votos y 57 en contra. El debate se inició poco después de las 19.30, luego de que la cámara baja aprobara el proyecto que declara de interés público la producción, distribución y fabricación de papel para diarios y establece el marco regulatorio. También se aprobaron los proyectos de reforma al régimen Penal Tributario, que apunta a endurecer las penas contra los evasores y actualiza los montos a partir de los cuáles se considera como delito a la evasión; y el de creación de un nuevo estatuto del peón rural, que amplía los derechos para los trabajadores de ese sector. La sanción de las normas sobre lavado de dinero y terrorismo habían sido solicitadas por el ministro de Justicia, Julio Alak, quien consideró que las dos normas "son trascendentes en la lucha contra la amenaza del terrorismo pero también en la adecuación de los estándares internacionales y ante el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)". Por otra parte, Alak indicó que se crea un nuevo tipo penal de "financiamiento del terrorismo", que prevé penas de 5 a 15 años de prisión, para "el que recolectase o proveyese fondos para la comisión de los delitos". Hasta la actualidad, el delito de terrorismo sólo se configuraba ante la existencia de una asociación ilícita terrorista, que además de los requisitos que debía cumplir como toda asociación ilícita, exigía que esté organizada en redes internacionales. Al abrir la discusión, el diputado oficialista, Oscar Albrieu, sostuvo que "más allá de los compromisos internacionales y de adecuación a los parámetros internacionales existen en la Argentina razones para avanzar con la legislación, que es la del Estado como controlador y promotor de estas actividades". En ese sentido, el diputado rionegrino consideró además que "la financiación del terrorismo no sólo preocupa a nuestro país" y aclaró que la norma "no crea nuevos delitos sino un agravante general para todos los delitos existentes". Desde el radicalismo, el diputado Manuel Garrido, cuestionó las normas y consideró que el tipo penal de terrorismo que propone el Ejecutivo "abre la puerta a abusos y viola la necesaria certeza que debe existir para que no haya riesgo de represión indebida y de violación de derechos humanos". Por el Frente Peronista, Gustavo Ferrari, anticipó el rechazo de ese bloque y defendió su propio dictamen, al sostener que "no se abordan directamente la asociación ilícita terrorista", al destacar la importancia de tener "una fórmula cerrada que despeje cualquier duda sobre la voluntad de combatir el terrorismo". Por su parte, desde el Frente Amplio Progresista, la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, anticipó su rechazo a ambas iniciativas, al considerar que "se pretende acrecentar aún más las posibilidades de persecución de luchadores" con estas normas. Se trata de dos proyectos contra el lavado de dinero enviados por el Poder Ejecutivo, que obtuvieron dictamen el lunes pasado en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Legislación Penal, incorporan penas por delitos económicos y financieros y agravan la punibilidad de los delitos con finalidad terrorista. La primera de las normas impulsa una modificación del Código Penal para establecer que "cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista" descripta en los instrumentos internacionales "incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo". Se establece que será reprimido con prisión de 5 a 15 años y una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación "el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero" con la intención de que se utilicen para financiar actividades terroristas. El otro proyecto, en tanto, incorpora al Código Penal "las principales conductas punibles que, conjuntamente con el lavado de dinero, afectan el orden económico y financiero", a la vez que incluye figuras penales destinadas a proteger el sistema financiero. La normativa alcanzará a los directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de la sociedad "y a todo aquel que acceda a la información privilegiada por ocupar un lugar dentro de la estructura societaria en la que prestan servicios o tareas". Además, el proyecto incluye la figura del cohecho financiero pasivo para reprimir con penas de prisión de dos a seis años a quien recibiera un beneficio o ventaja económica a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.