Diputados radicales piden que se investigue la gestión de Jaime
| Un grupo de senadores y diputados radicales denunció ayer ante la Oficina Anticorrupción (OA) al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por presunto mal manejo de los subsidios al transporte y a la obra social de los camioneros. Los legisladores le pidieron a la OA "que se investigue el accionar arbitrario e irregular del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, titular del área involucrada, y de cualquier otro funcionario de la administración pública nacional, a efectos de determinar la existencia de transgresiones a normas administrativas" en el ejercicio de sus funciones.
Los denunciantes también reclamaron "verificar los procedimientos y controles que lleva a cabo la Secretaría de Transporte de la Nación", en relación con el Sistema Integrado de Transporte (SIT), del Sistema Ferroviario Integrado (Sifer) y del Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau). Los promotores de la presentación fueron el diputado Alejandro Nieva (UCR-Jujuy) y el senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy), que integran la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Pero la acompañaron el presidente del partido, Roberto Iglesias, y los jefes de las bancadas de la UCR en Diputados, Fernando Chironi (Río Negro) y en el Senado, Ernesto Sanz (Mendoza).
Se basaron en los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano que asiste técnicamente al Congreso en el control de las cuentas del Estado.
El diputado Nieva explicó a La Nación que la denuncia fue presentada en la Mesa de Entradas de la OA, pero intentarán en los próximos días que los reciba su titular, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, para explicarle los fundamentos. Según Nieva, el informe de la AGN revela severas irregularidades en el fondo fiduciario que subsidia al transporte, donde hay observaciones "por el manejo discrecional del dinero".
Y cuestiona los pagos de los subsidios a pesar de las "repetidas denuncias de incumplimiento" contra las empresas ferroviarias Metropolitano y Trenes de Buenos Aires (TBA).
La denuncia dice que la Secretaría de Transporte ordenó el pago de las acreencias a los concesionarios ferroviarios a pesar de conocer "el incumplimiento de las condiciones para el acceso y mantenimiento del derecho a la percepción" de los subsidios.
El otro eje de la presentación pone la lupa sobre las transferencias en favor de la obra social de los camioneros y de la Fundación para la Formación Profesional en el Transporte, destinada a su capacitación.
La auditoría de la AGN dice que entre 2003 y 2004 Transporte transfirió 17 millones de pesos en concepto de anticipos a cuenta del Régimen de Compensación de Aranceles para esa fundación que, según los radicales, "no encuentran sustento suficiente en lo actuado".
Fuente: diario La Nación.
