| La Cámara de Diputados extendió hoy hasta los primeros días de enero la vigencia de la suspensión de los remates de viviendas únicas con deudas hipotecarias, generadas por préstamos que se obtuvieron bajo la convertibilidad y que entraron en mora a fines de 2001.
Los bloques políticos acordaron extender por 180 días la suspensión de los remates que vencía el 3 de junio tal como lo había votado el Senado, para evitar que se multipliquen las subastas de inmuebles antes de que el Congreso defina a una solución de fondo para los morosos hipotecarios.
Desde que se suspendieron en 2002 los remates hipotecarios los legisladores extendieron ese sucesivamente ese período de veda a la espera de una solución definitiva.
Durante esta nueva tregua, los legisladores anitciparon que debatirán algún proyecto que pueda reemplazar a la Ley de Salvataje, excepto que la Corte Suprema aborde la constitucionalidad o no de esa iniciativa, a la que varios jueces de primera instancia declararon inconstitucional.
La suspensión de los remates de viviendas beneficia a los deudores hipotecarios que entraron en mora tras la caída de la convertibilidad y tenían préstamos que no superaban los 100.000 dólares cuando el dólar estaba equiparado con el peso.
El Congreso Nacional aprobó en 2003 la Ley de Salvataje por la cual se creó un fondo fiduciario obligatorio para los acreedores particulares y optativo para los bancos, que fue objetado en la Justicia por los acreedores.
De acuerdo con ese mecanismo, los deudores pagaban sus obligaciones al fideicomiso a través de cuotas blandas y éste cancelaba la deuda con el acreedor.
Dicho sistema fue declarado inconstitucional por varios jueces, que así dejaron abierta la puerta para las ejecuciones.
La Corte Suprema de Justicia aún no se expidió sobre la constitucionalidad de esa ley, lo cual permitiría despejar dudas sobre la validez de la norma que buscó dar una solución al problema de los deudores en mora.
Cuando el tema se debatió el 18 de mayo en el Senado, el radicalismo presentó una propuesta que establecía un mecanismo de per saltum obligatorio para que todos los expedientes que se tramitan vayan a la Corte Suprema a fin de que ésta se expida sobre la constitucionalidad o no del fondo fiduciario instaurado por la Ley 25.798.
El oficialismo no aceptó incorporar un artículo sobre ese punto pero propuso aprobar un proyecto de comunicación, que postulaba instar "a las máximas instancias judiciales del país" a un pronunciamiento sobre el tema.
En tanto, el Gobierno publicó días atras en el Boletín Oficial un decreto que fija requisitos formales para ejercer la opción de ingreso al Sistema de Refinanciación Hipotecaria creado por la ley 25.798.
El decreto 666/06, que lleva la firma del presidente Néstor Kirchner y los ministros Alberto Fernández y Felisa Miceli, impone un término de 90 días para cumplir las condiciones previstas por dicha ley y por las dos (26.062 y 26.084) que prorrogaron el plazo para ejercer la opción.
La norma establece que si dentro de esos 90 días "no se diera total cumplimiento, a satisfacción del fiduciario la opción caducará de pleno derecho".
Fuente: Télam.
