| En medio de las deliberaciones en el Congreso, las entidades rurales presentaron ayer al Ombudsman nacional, Eduardo Mondino, más de 1.300.000 firmas para pedir la suspensión de la Resolución 125, que promovió las retenciones móviles.
Apartir de ahora, una vez comprobada la legalidad de las firmas, el Congreso tiene 12 meses para expedirse en torno al pedido. Nada asegura que el oficialismo aprobará el pedido del campo, pero al menos será difícil ignorar la opinión de un millón de argentinos.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, indicó con Mondino que se evaluaron los resultados obtenidos luego de “distintas tareas realizadas” por la Defensoría del Pueblo.
El dirigente de CRA expresó que también la Mesa de Enlace adelantó al Ombudsman los términos del petitorio con el que se buscará en el Congreso suspender la resolución 125, la cual será acompañada por más de 1.300.000 firmas.
“Más allá del tratamiento en el Congreso, la gestión que comenzó el Ombudsman sigue abierta, al tiempo que veremos cómo se resuelven los otros casos”, indicó Llambías al retirarse de la reunión que mantuvieron ayer los ruralistas con Mondino por el término de una hora y media.
Otro de los asistentes, Ulises Forte, vicepresidente de Federación Agraria, manifestó que “si la definición en el Parlamento es suprimir la 125, automáticamente tenemos una definición. Forte también dijo que el reclamo del millón de argentinos que piden con su firma que el Congreso legisle cuestiones como éstas es “un gran aporte para la institucionalidad”, que se ve atentada por los decretos de necesidad y urgencia. “Se confunde la voluntad popular con la impunidad” y los votos confieren autoridad, pero no “impunidad”.
