Martes 16 de Abril de 2013, 15:48

El CELS cuestionó el proyecto oficial de reforma de la justicia

| El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el periodista Horacio Verbitsky, que rechazó el proyecto que limita las medidas cautelares que envió Cristina Kirchner al Congreso.


La postura del CELS fue cuestionada por el Secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, durante el plenario de comisiones del Senado convocado por el kirchnerismo. Ante los legisladores del oficialismo, el periodista de Página 12 insistió con sus críticas al proyecto que limita las medidas cautelares y habló de una "redacción apurada, imprecisa e incompleta" de la iniciativa. "Los fundamentos del documento del CELS son imprecisos, erróneos, y ayudan a la ensalada que generan quienes dan debate en los medios de TV y no en el Congreso", afirmó Alvarez, integrante de la agrupación kirchnerista La Cámpora, en un enfático de discurso en el que defendió las iniciativas del Ejecutivo. Las críticas de Verbitsky del fin de semana pasado generaron la reacción del oficialismo que decidió reabrir el debate en el Senado por la reforma judicial. El jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara alta, Miguel Pichetto, convocó al periodista y a los directivos de asociaciones que se oponen al proyecto para que planteen sus argumentos. Con duras críticas a los medios, el Secretario de Justicia diferenció las medidas procesales provisionales, como el habeas corpus, habeas data y amparo, de las cautelares. "Cuando hablamos de medidas cautelares, estamos hablando de una medida procesal no sustantiva", indicó. El funcionario se quejó porque el organismo no presentó antes sus objeciones al proyecto que limita las medidas cautelares. "Terminemos de dar argumentos a la patria zocalera para que instale el temor como hicieron en dictadura militar", exclamó. Antes, Verbitsky había renovado su rechazo al proyecto: "La iniciativa de enviar este proyecto para reformar la Justicia es una deuda de la democracia. La política tiene que hacerse cargo del tema y esa es la lectura general. Pero esto no quiere decir que los proyectos nos parezcan perfectos. Algunos nos parecen buenos, regulares, otros malos, con objeciones de tipo constitucional que son en los que queremos concentrarnos", afirmó el periodista. "Hemos utilizado a las medidas cautelares para la defensa de los derechos humanos, instrumento muy importante que no debería ser afectado por un reforma que tiende a la democratización de la justicia tal como está presentado el proyecto", señaló. En ese sentido, Verbitsky pidió ampliar excepciones planteadas por el proyecto oficial a "sectores en situación de vulnerabilidad, trabajadores y usuarios de servicios públicos". El periodista dijo, además, que las objeciones del CELS sirven para "blindar" la reforma judicial impulsada por la Presidenta. "Sabemos que hay presiones corporativas, por eso es fundamental blindar esta reforma para que sirva", aseveró. Tras las inesperadas críticas del CELS, la Comisión de Justicia, cabecera del debate, recibió una lluvia de pedidos de varias organizaciones civiles y profesionales para que su opinión también sea escuchada. Por otra parte, la oposición confirmó que dará por concluido el boicot que inició la semana pasada y asistirá este mediodía al plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Penales y de Legislación General. Así, la reunión prevista para hoy, contará con la presencia de representantes de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y la Asociación de Abogados Laboralistas. Todas tienen posturas críticas hacia el texto redactado por el Poder Ejecutivo. La reapertura del debate del proyecto sobre medidas cautelares a otras organizaciones, además del CELS, fue anunciado en un comunicado que firman el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), y el presidente de la Comisión de Justicia, Pedro Guastavino (FPV-Entre Ríos). Sin embargo, y alentada por las diferencias internas que surgieron en el conglomerado oficialista, la UCR y el FAP anunciaron la conclusión del boicot contra el debate en comisiones de los proyectos que integran la reforma judicial.