Lunes 18 de Diciembre de 2006, 12:02

El Congreso despide el año con una extensa agenda

| El Legislativo terminará este miércoles las actividades de 2006 con un fuerte temario en ambas cámaras. El juicio por jurados, la ley antitabaco, el marco regulatorio de AySA y el aumento al financiamiento de los partidos políticos, son los principales proyectos a evaluar.

El Congreso finalizará este miércoles el año legislativo con sesiones en ambas cámaras, que contemplan un amplio temario que incluye el juicio por jurados, la ley antitabaco y el marco regulatorio para la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La agenda legislativa contempla el tratamiento de un proyecto que declara la emergencia forestal y prohíbe la tala indiscriminada de bosques nativos. Si bien los legisladores ya aprobaron temas claves que el Poder Ejecutivo necesitaba sancionar como el Presupuesto 2007, la ley de Educación, la prórroga de impuestos y la reducción de los miembros de la Corte Suprema, los legisladores buscarán votar la semana próxima para aprobar un conjunto de cuestiones pendientes. De todos modos, la última sesión del año no tendrá las características maratónicas de los últimos años donde los legisladores sancionaban más de 300 proyectos y se debatía hasta altas horas de la madrugada para aprobar los temas contra reloj. En la sesión del próximo miércoles la Cámara de Diputados tiene previsto sancionar el marco regulatorio para la empresa Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (AYSA), que fue aprobado por el Senado la semana pasada. El oficialismo de Diputados había intentado votar el miércoles -apenas se sancionó en el Senado- una preferencia para tratar la semana próxima la iniciativa pero los cuestionamientos opositores obligaron al bloque FPV a retirar la moción e intentar un día después impulsarla cuando lograron aprobarla. Se trata de una norma que convalida el convenio tripartito suscripto el 12 de octubre pasado en el Ministerio de Planificación Federal, la Provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También, en la agenda, los diputados tienen previsto tratar un conjunto de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y reanudar la aprobación en particular del proyecto impulsado por el transversal Miguel Bonasso que declara la emergencia forestal y prohíbe la tala indiscriminada de bosques nativos. En el Senado, en tanto, el temario incluye el proyecto que reglamenta el juicio por jurados en todo el país, una herramienta que está prevista en la Constitución Nacional desde 1853 pero que nunca fue utilizada, salvo en algunas provincias. Se trata de una iniciativa que obtuvo dictamen semanas atrás en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales y que establece que el juicio por jurados se podrá aplicar para delitos que tengan prevista una pena con ocho años o más de prisión o reclusión. Este sistema de juicio por jurado está previsto en el artículo 24 de la Constitución Nacional, pero nunca fue reglamentado por el Congreso, que ahora se encamina a debatir un despacho, que fue diseñado en base a varias iniciativas presentados por senadores nacionales y por el Poder Ejecutivo Nacional. El juicio por jurados fue un planteo realizado por el ingeniero Juan Carlos Blumberg cuando organizó la primer marcha para pedir justicia tras la muerte de su hijo Axel, a principios de 2004. Por otra parte, los senadores buscarán aprobar además la ley antitabaco, presentada el año pasado por el Gobierno Nacional, que pretende constituirse en un marco regulatorio nacional para el desaliento del consumo de cigarrillos y la protección de los fumadores pasivos. Ya tienen ley antitabaco las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, San Juan y la Capital Federal, mientras se está debatiendo en Mendoza y la provincia de Buenos Aires. Según datos del ministerio de Salud, en el país mueren 40 mil personas al año por enfermedades relacionadas con la adicción al cigarrillo y el tabaquismo le cuesta al Estado 4 mi millones de pesos anuales, en materia de salud pública. Otra de las cuestiones que podría abordar el Senado es la reforma a la ley de financiamiento de los partidos políticos, aprobado por Diputados, que aumenta en un 50 por ciento el tope de los gastos de campaña, a la vez que limita la inversión de terceros sin autorización de los responsables de los partidos.