El Congreso no prorrogará las facultades delegadas

Legisladores oficialistas y de la oposición coincidieron en que el 24 de agosto, cuando venza la última prórroga, "no pasará nada” y que "ésto sólo produce la caducidad de las delegaciones legislativas otorgadas, pero no la derogación de los reglamentos consecuentes de tal delegación”. El oficialismo asegura que "mientras no haya una nueva legislación todo sigue igual”, según expresó el diputado kirchnerista Jorge Yoma. En ese sentido, Yoma aseguró que "lo que caduca el 24 de agosto es la facultad del Poder Ejecutivo de, por ejemplo, fijar retenciones agropecuarias y no de sa herramienta que se mantiene vigente hasta tanto el Congreso, si decide no prorrogar la delegación legislativa en esta materia, dicte una ley que las derogue o modifique". Desde la oposición se intentará con una reunión informal prevista para hoy, realizar un diagrama sobre la prioridad en materia delegada a recuperar. El punto principal, y el que mayor consenso reúne entre los opositores es el Código Aduanero, que permite, entre otras cosas, fijar las retenciones para las exportaciones; en tanto que el panorama aparece más dividido entre quienes pretenden recuperar las facultades sobre la Ley de Hidrocarburos o la de Reforma del Estado. La posición en la que se encolumna la mayoría del arco opositor la expresó el senador Ernesto Sanz, presidente del radicalismo, quien ratificó que "a partir del martes el mundo no se cae, hay que desdramatizar”. "De aquí en adelante, el gobierno tendrá dos caminos: presentar lotes de leyes o enviar una por una para su estudio en particular. La garantía que da la UCR, de manera absoluta, es la de favorecer la gobernabilidad”, agregó el mendocino. En tanto, otros diputados de oposición encuadrados en la centroizquierda son partidarios de otorgar facultades delegadas al gobierno nacional y para ello presentaron tres proyectos del ley sobre el tema. Se trata de los diputados de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, Carlos Heller, Vilma Ibarra, Ariel Basteiro, y Jorge Rivas. Las iniciativas establecen que sigan en manos del Poder Ejecutivo la legislación que emane del Código Aduanero, "por ser lógico siga siendo una herramienta de la política económica" y que "debe quedar en manos del Gobierno", la de la Ley de Hidrocarburos y la de la Ley de Procedimientos Tributarios. Las facultades delegadas dieron determinadas funciones o potestades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo por leyes aprobadas entre 1853 y 1994. De ese paquete original de cerca de 2.000 leyes, sólo quedaron vigentes unas 300, debido que las restantes ya fueron derogadas o perdieron el objetivo para el que fueron elaboradas. La reforma Constitucional de 1994 prohibió al Congreso delegar facultades al Poder Ejecutivo, salvo en situaciones especiales como caso de emergencia y siempre que se estipulara el plazo. Y estableció en una cláusula transitoria que la legislación delegada entre 1853 y 1994 caducaría en cinco años, a excepción de la ratificada por los legisladores. Desde 1999, el Congreso renovó en varias oportunidades las facultades delegadas, la última el 24 de agosto de 2009, por el término de un año, que vence el próximo martes. En esa última prórroga se dispuso también la creación de una comisión bicameral que analizó el volumen de normas vigentes y de leyes caducadas. La comisión, en su informe finalizado en junio, consideró que "el número de leyes con facultades delegantes no alcanza cifras excesivas y que las leyes que podrían ser relevantes son escasas”. A su vez se instó al Poder Ejecutivo a que "reclame a través de proyectos de ley las facultades que considere imprescindibles para el ejercicio de su función”. Del informe elaborado por la bicameral surgen como importantes las leyes de Administración Financiera, de Emergencia Económica, de Entidades Financieras, de Ministerios, de Promoción de las Exportaciones. Fuente: Télam.