El Congreso otra vez conmovido por las denuncias sobornos

Esta vez, según la denuncia pública del diputado Héctor Recalde, le habrían ofrecido unos 20 millones de dólares para frenar una ley que le diera carácter remunerativo a los tickets que se entregan a los trabajadores. Es que si esa norma prospera, los tickets o vales podrían correr el riesgo de ir desapareciendo de a poco. La denuncia de Recalde se suma a otros casos resonantes de intentos de soborno y que ocuparon durante meses las tapas de los diarios. En algunos casos, las coimas persiguen que una ley no sea tratada en el Congreso, y en otros, como ocurrió con las privatizaciones, que sea aprobada rápidamente. Sin dudas, el más recordado es el de la ley laboral impulsada por el gobierno de Fernando de la Rúa, que terminó en un escándalo por las denuncias de sobornos y que derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Alvarez. Aquella sospechosa reforma laboral, aprobada por el Congreso, fue conocida públicamente como la ley de la "banelco", por la cual se habrían pagado unos 5 millones de pesos. Las privatizaciones durante el gobierno de Carlos Menem estuvieron también salpicadas de corrupción y el Congreso no quedó al margen de esas sospechas. El caso emblemático fue el del "diputrucho", ocurrido el 26 de marzo de 1992 cuando la Cámara de Diputados estaba convocada para aprobar el nuevo marco regulatorio de la privatización de Gas del Estado. Ante el retiro de la bancada radical del recinto, lo que obligaba a un cuarto intermedio, el PJ hizo esfuerzos para conseguir los 130 legisladores que permitieran el quorum, que se consiguió a las 16:30. La ley se votó en general, pero claro el legislador 130 había sido un hombre de edad avanzada que cuando fue descubierto ocupando una banca se retiró pero antes admitió que no era diputado. El hombre fue identificado como Juan Abraham Kenan, asesor de Julio Manuel Samid, el hermano de Alberto Samid. [b]La denuncia de Recalde[/b] Recalde realizó una denuncia judicial, el pasado 7 de noviembre, ante el juzgado Federal número 9 de esta capital a cargo del magistrado Octavio Araoz de Lamadrid, tras la realización de una cámara oculta registrada por el hijo del legislador y uno de sus principales asesores, Mariano Recalde. El ofrecimiento -según Recalde- establecía tres posibilidades: cajonear un proyecto del diputado que impulsa el fin del pago a través de tickets (calificado como “bicicleta”), la modificación cosmética de la iniciativa para que en el fondo se mantenga la actual situación y nada cambie (modalidad definida como “pick-up”) o la elaboración por ley de un nuevo sistema que expanda el negocio en forma obligatoria (“Mercedes Benz”). El presunto sobornador ofrecía -de acuerdo con la denuncia- una mensualidad de 20 mil dólares en caso de que se consiguiera cajonear el proyecto, un monto a discutir si se aplicaba un cambio estético pero no profundo, y hasta 20 millones de dólares si se establecía por ley el pago obligatorio en tickets canasta para todos los trabajadores que ganan menos de 2.000 pesos por mes. Fuente: NA.