Política y Economía | Tras la validación judicial de la reforma laboral, la administración nacional reglamentó un capítulo clave orientado a incentivar el empleo registrado. El esquema ofrece fuertes reducciones en contribuciones para empresas que formalicen trabajadores y busca combatir la informalidad con beneficios fiscales escalonados.
El Gobierno nacional puso en marcha este lunes un nuevo tramo de la reforma laboral al reglamentar oficialmente el denominado Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta con la que busca estimular la registración de trabajadores no declarados y promover nuevas incorporaciones al empleo formal mediante una sensible reducción de cargas patronales.
La medida fue oficializada a través del Decreto 315/2026, luego de que la Justicia dejara firme buena parte del paquete de modernización laboral impulsado por la gestión de Javier Milei, y representa uno de los capítulos de mayor impacto práctico para el sector empresario.
Según establece la reglamentación, los empleadores que blanqueen personal no registrado o incorporen trabajadores dentro del nuevo sistema accederán a una reducción progresiva de las contribuciones patronales durante 48 meses.
El beneficio funcionará de manera escalonada: durante el primer año se abonará sólo una fracción mínima de las cargas, en el segundo año el porcentaje aumentará moderadamente, en el tercero continuará la suba gradual, y recién en el cuarto año se alcanzará el esquema pleno.
La intención oficial es bajar el costo inicial de contratación y darles a las empresas un margen temporal para absorber el impacto financiero de incorporar trabajadores al circuito legal.
Desde la Casa Rosada sostienen que el nuevo régimen apunta especialmente a pequeñas y medianas empresas, monotributistas empleadores y unidades productivas con alto nivel de informalidad, sectores donde el empleo en negro mantiene índices históricamente elevados.
Para acceder al beneficio, las firmas deberán registrar correctamente la relación laboral, cumplir con la declaración ante ARCA y sostener determinadas condiciones de permanencia, ya que el sistema prevé controles para evitar maniobras de simulación o reemplazo fraudulento de personal.
El nuevo instrumento se complementa con otros puntos ya vigentes de la reforma laboral sancionada este año, entre ellos: cambios en el régimen indemnizatorio, nuevas modalidades de contratación, flexibilización administrativa, ampliación del período de prueba, y creación de fondos alternativos para desvinculaciones.
Desde el oficialismo consideran que la elevada presión tributaria sobre el empleo formal fue durante años uno de los principales factores que empujó a miles de pequeñas empresas a sostener vínculos laborales informales o parciales.
Bajo esa lectura, la reducción temporaria de aportes busca funcionar como puente para una transición hacia relaciones de trabajo registradas.
Sin embargo, desde distintos sectores sindicales y de la oposición ya comenzaron a plantearse reparos sobre el verdadero alcance de la medida y advierten que la rebaja de contribuciones podría implicar un alivio empresario sin garantías concretas de generación genuina de empleo.
Más allá de la discusión política, lo cierto es que el Gobierno acaba de activar uno de los engranajes más sensibles de su reforma: intentar que contratar en blanco cueste menos. La incógnita, desde ahora, será saber si ese incentivo alcanza para revertir una informalidad laboral que en la Argentina hace años dejó de ser excepción para convertirse en sistema
