El Gobierno estudia aumento de tarifas y bajas de subsidios

A través de estas medidas, el Ejecutivo pretende reducir subsidios para mejorar las cuentas públicas, pero evitar a su vez que estos incrementos afecten el nivel del consumo, uno de los pilares del crecimiento. Para no caer en ese riesgo, impulsará un aumento en el salario básico, subas en las jubilaciones e incremento de un 25 por ciento en el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. En rigor, las medidas para reducir el gasto público están directamente ligadas a la derrota que tuvo el Gobierno en el Senado con las retenciones móviles, a partir de las cuales se esperaba recaudar unos 1.200 millones de dólares adicionales. Los ajustes podrían variar entre el 17 al 27 por ciento en el gas; 20 por ciento en tarifas eléctricas e incrementos similares en los pasajes de trenes, colectivos y subtes, cuyo mínimo pasará de 0,90 a 1.10 peso. Posiblemente los incrementos empiecen con el suministro de gas, un servicio que no tuvo aumentos desde 2001 y para el que sólo resta el decreto del Gobierno y la resolución posterior del Enargas. Las subas alcanzarían a los usuarios de las empresas Natural BAN, Pampeana, Del Sur y Gasnor y variarían entre 17 y 27 por ciento, aunque aún se mantendrían por debajo de los precios de las garrafas. En cuanto a las tarifas eléctricas, el incremento podría llegar al 50 por ciento de la población, aunque podrían quedar incluído aquellos que consumen más de 900, 1.000 y 1.100 kilowats por bimestre. Los rumores sobre los incrementos favorecieron una fuerte suba de precios de las acciones de aquellas empresas vinculadas a los servicios, como Edenor y Transener. De esta manera, las distribuidoras podrán poner en marcha el aumento tarifario que, según el decreto y la resolución sobre la Revisión Tarifaria Integral, debió entrar en vigencia en febrero pasado. Por otra parte, los ajustes también alcanzarían a los pasajes del transporte público: trenes, subtes y colectivos de corta y larga distancia. Aunque aún no estaría definido, las subas llegarían al 20 por ciento y el objetivo sería comenzar a reducir subsidios que el Gobierno otorga a través del precio del gasoil que reciben las empresas. Según un estudio de la consultora Ecolatina, el Estado otorga unos 35.000 millones de pesos por año en subsidios, equivalente al 18 por ciento del gasto primario. Pero, para no afectar el gasto, el Gobierno también tiene en estudio una suba del 25 por ciento en el mínimo no imponible y las deducciones permitidas, a fin de equilibrar la suba de salarios. Posiblemente, la iniciativa tenga efecto retroactivo, con lo que las empresas y el Estado deberán reintegrar fondos a los empleados a quienes les efectuaron los descuentos. En definitiva, una vez establecida la suba en el mínimo, muchos trabajadores comenzarán a pagar menos Ganancias y en otros casos quedarán eximidos. El Gobierno impulsaría también un aumento en el salario mínimo y elevarlo a 1.200 pesos, para lo cual prevé convocar al Consejo integrado por empresarios, sindicalistas y funcionarios del Ministerio de Trabajo. En este caso, también se implementaría un incremento en las asignaciones familiares y el envío al Congreso de una ley de movilidad de las jubilaciones. Fuente: NA.