El Gobierno Nacional apelará el fallo contra los cortes el&eacu

Los aumentos en las tarifas de electricidad, que suscitaron protestas vecinales y la mediación de la Defensoría del Pueblo ante la Justicia, para poner un freno legal a la disposición oficial, siguen causando controversias. La disputa se agravó ayer, cuando el Gobierno reaccionó con una apelación a los avances de la causa abierta por el ombudsman, Eduardo Mondino, quien logró prohibir que las empresas distribuidoras de energía corten el suministro por falta de pago en las facturas con incrementos. "Hoy estamos apelando sobre todo porque es facultad del Poder Ejecutivo otorgar y quitar subsidios. Está claro que se trata de quitar a quienes consumían más, que por lógica son los que tienen más poder adquisitivo. No consideramos lógico ni justo que el gobierno nacional, a través del presupuesto que pagan todos los argentinos, estuviera subsidiando este consumo", dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido, a Télam. Así, justificó su accionar ante la Justicia, con el que intenta llevar adelante lo resolución que permite a Edelap, Edenor y Edesur aplicar los incrementos que llegaron, según las denuncias de la defensoría, hasta el 1000%. De todos modos, el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, sostuvo que la apelación "no modifica la situación actual", ya que "las empresas no le pueden cortar el servicio de electricidad a ningún usuarios por falta de pago de la factura. "Acá no está en discusión si se puede o no (a través del Poder Ejecutivo) otorgar subsidios; lo que está en discusión es una norma que en su aplicación es ilegal y arbitraria. En un Estado de derecho no se puede dictar normas arbitrarias e ilegales y si se lo hace son objeto de revisión judicial, que es lo que hemos propiciado nosotros", añadió Mondino. El ombudsman aclaró que "la cuestión de fondo de los aumentos se va a empezar a tratar la semana que viene, cuando se abra el año judicial", al tiempo que manifestó estar "convencido de que, respecto a la cuestión de fondo, esta medida va a ser declarada arbitraria e ilegal". "Hemos tenido reclamos de hasta el 1.000 por ciento de incremento", advirtió al respecto, para finalizar indicando que llegaron a la Defensoría reclamos de diferentes provincias y "en todas partes se produce el mismo efecto porque la norma en sí fue mal dictada". Fuente: DyN.