| El Subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, despegó al Gobierno del caso de presunto lavado de dinero en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, al comparecer en la Cámara de Diputados.
"La estafa es una estafa que está afuera del sistema. Es como si hubieran abierto una caja fuerte y se llevaron la plata. Estamos en una línea muy finita en la que se mezcla el financiamiento estatal con una estafa realizada por un tercero", dijo Fatala.
Asimismo, sostuvo: "Los dineros que hemos aplicado en la construcción de las viviendas, a través de la Fundación, tienen un curso normal. Desde el punto de vista financiero, todo está bien".
El funcionario comparecía ante la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados en medio del escándalo generado por el presunto lavado de dinero en el que habría incurrido Sergio Schoklender cuando se desempeñaba como apoderado de la Fundación que preside Hebe de Bonafini.
"Nosotros no tenemos trato directo con Madres, tratamos con las jurisdicciones", dijo Fatala al intentar despegar a la administración de Cristina Kirchner del hecho que puso en el centro de la polémica a la entidad.
Asimismo, Fatala aseguró que el Gobierno nacional "no otorga subsidios a la Fundación Madres de Plaza de Mayo", sino que se trata de un programa enmarcado en obra pública en diversas jurisdicciones.
"No estamos hablando de subsidios sino que se trata de transferencias de recursos para realizar obra pública como factor de inclusión social", afirmó Fatala al iniciar su exposición ante la comisión de Vivienda.
Fatala expone en Diputados junto al Subsecretario de Desarrollo Urbano Alberto Bontempo.
Los funcionarios explicaron además que durante el año 2008 se firmaron 2.088 convenios para la construcción de viviendas sociales a través de Madres, cuyo programa era ejecutado por Schoklender.
La reunión se realizaba en el tercer piso del edificio Anexo y era presidida por el titular de la comisión, Juan Casañas (UCR).
En las últimas horas, el exapoderado de la Fundación Sergio Schoklender se presentó espontáneamente a declarar ante el juez Norberto Oyarbide, quien no lo recibió y horas después allanó la empresa Meldorek, donde la Policía Federal secuestró documentación para la investigación por supuesto "lavado de dinero".
Al igual que su hermano, Pablo Schoklender se presentó también en la causa a través de un escrito con el que designó abogado defensor, luego de ser imputado por el fiscal del caso, Jorge Di Lello, por el cobro de dos cheques de 200 mil pesos emitidos por la Fundación.
