El Gobierno volverá a La Haya para frenar las papeleras

El Gobierno argentino realizará nuevos estudios ambientales para demostrar el daño a futuro que provocaría la instalación de dos pasteras en la localidad uruguaya de Fray Bentos para presentar ante la Corte Internacional de La Haya. El anuncio fue realizado luego de una reunión en la que participaron el canciller Jorge Taiana; la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti; la asesora Susana Ruiz Cerrutit; el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti y el vice, Pedro Guastavino. Taiana señaló que, frente a la presentación que debe realizar la Argentina ante La Haya con un plazo máximo el 15 de enero, se van a realizar estudios "científicos" para probar el daño que producirán las plantas en el medio ambiente. "Tenemos la firme decisión de continuar la vía judicial y tenemos la confianza de que se permitirá reparar las violaciones cometidas y evitar que haya contaminación en el río Uruguay", sostuvo el canciller. Por otra parte, el canciller Taiana confirmó ayer por la noche que viajará a Entre Ríos para reunirse con los asambleístas de Gualeguaychú. El encuentro realizado en el piso 13 de la Cancillería fue convocado para analizar los pasos técnicos que se deben realizar ante La Haya, con la fundamentación de la demanda por la violación del estatuto del Río Uruguay por parte del vecino país, y los daños que provocaría la localización de las plantas. Ruiz Cerruti -jefa de la misión argentina ante La Haya- explicó en ese sentido que, desestimada la medida cautelar, se trabaja en "la cuestión de fondo que es el incumplimiento del Estatuto" con la autorización de la instalación de las pasteras, y que "donde están ubicadas van a producir un daño irreversible en el medio ambiente". Sobre ese punto, Picolotti amplió que se va a "actualizar la información" y encargar nuevos estudios ambientales sobre el impacto a futuro que tendrán el funcionamiento de las plantas de celulosa Botnia y Ence en el medio ambiente. "La Corte dijo que la información era insuficiente para probar el daño inminente y por eso no aceptó la medida cautelar para suspender las obras. Ahora realizaremos nuevos estudios para probar el daño ambiental irreversible a futuro", explicó la funcionaria. En ese sentido, mencionó que se va a "profundizar" la información reunida para presentar ante la Corte Internacional de La Haya, para lo cual el Gobierno argentino tiene un plazo de seis meses que caduca el 15 de enero. Taiana apuntó otro dato más al sostener que se está "trabajando sobre los informes de la Corporación Financiera Internacional" y el planteo realizado para "supeditar el financiamiento a las decisiones jurídicas". Fuente: Télam.