El proyecto de Seguridad Vial fue aprobado en Diputados

Con 195 votos a favor, 1 voto negativo y 2 abstenciones, superando los dos tercios. A pesar de ser un flagelo que azota al país, la oposición planteó varias cuestiones al proyecto del oficialismo, que fue defendido por la presidenta de la Comisión de Transporte de la Cámara baja, Zulema Daher, con el espíritu de que "la sociedad argentina reclama medidas de acción para frenar los accidentes de tránsito". En tanto, la diputada de la Coalición Cívica Griselda Baldata dijo que "esta ley es una copia fiel del fracasado plan de seguridad vial 2006-2007". "Cuando los recursos no llegan hay muertes en la rutas", sentenció la diputada, quien manifestó que "la gestión en política de tránsito del Gobierno nacional es lamentable". "Acompañamos por poco que sea algo es, pero es insuficiente porque no se trata el tema de la infraestructura vial", concluyó la diputada. En tanto, el diputado radical Alejandro Nieva realizó severas críticas al afirmar que "ésta no es una ley de Seguridad Vial, pero es un pequeño indicio, un avance, pero falta mucho". En uno de los puntos que detalló Nieva que debería incluirse en el plan, fue el cinturón de seguridad en los colectivos, el encendido de las luces en forma automática y la incorporación del airbag en todos los autos. Nieva también cuestionó la resolución de la Secretaría de Tránsporte de la Nación de limitar la velocidad de los micros de doble piso a 100 km/h mediante un dispositivo. "Esto no es solución", concluyó. Al respecto, el jefe del PRO, Federico Pinedo, manifestó que "consideramos un tanto exagerado el mecanismo de quita de registro. Un exceso mínimo en la velocidad permitida, o la no utilización del cinturón de seguridad no pueden ser causantes de la quita del registro. Por endurecer las penas de esta manera se llega al ridículo o se termina incentivando el pedido de coimas". "Nos preocupa también la posibilidad de que la Nación no se haga responsable del control sobre las provincias y los municipios, y que tal inacción termine en una ola de juicios contra el Estado nacional", manifestó Pinedo. Por su parte, la legisladora Silvana Giudici expresó que "en la iniciativa oficial falta la voluntad de control, ya que no existe un concepto real de protección civil, educación vial en las escuelas, ni una verdadera vocación de cambio cultural que es lo que necesitamos como conductores en nuestro país". Desde la Concertación Plural, el diputado mendocino Héctor Álvaro manifestó que este proyecto "sienta las bases de una homogenización normativa que hoy en día está lejos en nuestro país". "Si se aplica va a provocar un cambio cultural", dijo el legislador aliado al kirchnerismo. Aunque el bloque socialista acompañó en general el proyecto, el diputado Pablo Zancada se preguntó "si realmente hay decisión del Estado nacional de llevarlo adelante, de ponerlo en práctica, de sostener el costo político". Además, la diputada del socialismo Laura Sesma manifestó la oposición de la bancada respecto al impuesto del 1% a las pólizas de seguros y al cambio en la prohibición de vender bebidas alcohólicas en la ver de las rutas por una limitación. Cabe destacar que el texto recibió una serie de modificaciones respecto al texto sancionado por el Senado dos semanas atrás, con lo cual deberá volver a esa cámara para su sanción definitiva. Las modificaciones que se incorporaron fueron un impuesto del 1% a las pólizas de seguros y cambia la prohibición de vender bebidas alcohólicas en la vera de las rutas por una limitación. Sobre la creación de un impuesto del 1% sobre las pólizas de seguros de los automotores para financiar el plan, hay que recordar que ese artículo había sido introducido en la Cámara alta, siendo que corresponde a Diputados, por tratarse de una cuestión impositiva. Por eso es que se acordó en el Senado eliminar ese punto, para que lo introdujeran los diputados. Recordemos que la iniciativa crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el ámbito del Ministerio del Interior, que será la encargada de establecer un único registro de conducir a nivel nacional y diseñar el sistema de "puntaje". Asimismo, las provincias y municipios deberán resignar su facultad de otorgar registros de conducir, ya que existe un convenio con los diferentes distritos para conseguirlo. Se transfiere además a la órbita de esa agencia el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, que está actualmente a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad. El proyecto crea también un Observatorio de Seguridad Vial que investigará las infracciones y los siniestros de tránsito para evaluar las causas y sugerir políticas y posibles medidas preventivas.