EL SENADO APROBO EL APOYO AL EJECUTIVO PARA IR A LA HAYA

El documento presentado a raíz de la controversia surgida con Uruguay por la instalación de dos pasteras de las firmas ENCE y Botnia frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, fue votada por todos los senadores, a pesar de que gran parte de la oposición y de los justicialistas disidentes reclamaron una instancia negociadora previa a nivel presidencial. La Argentina reclama que el país vecino violó en tres oportunidades el Estatuto sobre el Río Uruguay al instalar las papeleras sin el consentimiento argentino y cuya tecnología, que utiliza dióxido de cloro para el blanqueado de la celulosa, es sumamente contaminante. Tras el tratamiento en el Senado, el apoyo al Ejecutivo será decidido en Diputados en la sesión extraordinaria prevista para mañana. La sesión fue abierta por el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Carlos Reutemann, quien hizo suyas las palabras del canciller Jorge Taiana al acusar a Uruguay por no haber "informado sobre los criterios para la selección de la localización de las plantas, ni sobre los aspectos vinculados a las técnicas a utilizar y menos sobre el eventual impacto ambiental". A su turno, el oficialista chaqueño Jorge Capitanich defendió el proyecto de la mayoría argumentando que "es claramente una función que le compete al Poder Ejecutivo Nacional la conducción de la política exterior del país y es claramente una responsabilidad de este Congreso manifestar un apoyo político frente a una cuestión de controversia que no pudo ser saldada entre las partes por una acción obstructiva del Uruguay". A su turno, el jefe del bloque del Partido Justicialista/Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, consideró que el gobierno argentino "decidió recorrer la vía del derecho", y descartó la intención de la oposición de organizar una comisión parlamentaria argentina para negociar con su contraparte uruguaya. Además, Pichetto señaló al Uruguay por sostener una "conducta tan disvaliosa" en el tema y agregó que "es inadmisible este accionar discrecional". En una postura que fue respaldada por el arco opositor, el radical disidente Rodolfo Terragno propuso la discusión de un proyecto para "instar" al Ejecutivo a "agotar las negociaciones diplomáticas", para "promover una Comisión Parlamentaria" entre ambas naciones y, si fracasan esas instancias, entonces ahí sí acudir a la Corte de La Haya. Para Terragno, el conflicto "no lo va a resolver la Corte", al tiempo que expresó sus dudas de que una medida cautelar se haga efectiva y advirtió que "estamos asistiendo a una escalada" donde "la solución sólo puede ser bilateral y está en manos de los dos presidentes". La presentación de Terragno fue respaldada por el bloque radical y por el socialista Rubén Giustiniani, quien también apeló a la intervención de ambos parlamentos. El jefe del bloque de la UCR, Ernesto Sanz, resaltó la intención de la oposición de "acompañar" al gobierno nacional, pero sostuvo que "la apelación ante el Tribunal Internacional de La Haya es la última vía, si se agota la negociación presidencial". El radical jujeño Gerardo Morales apuntó que compartía la "autorización" del Congreso al gobierno" para ir a La Haya, pero señaló que "primero hay pasos necesarios y fundamentales que son ineludibles, como el abordaje de la solución política de los propios jefes de estado", el argentino Néstor Kirchner y el uruguayo Tabaré Vázquez. El socialista Giustiniani sostuvo que "la diplomacia parlamentaria puede erigirse como mecanismo válido de concertación que contribuya al reestablecimiento del diálogo y la cooperación, para que ambos países sigan transitando su presente y su futuro como hermanos". La representante del Peronismo Federal, Hilda "Chiche" González de Duhalde, también recordó que "la solución para por el diálogo", y que "recurrir al Tribunal de La Haya es una última consecuencia, tras haber agotado todas las instancias que tenemos cerca". En lo que fue su primer intervención oral como senador, el ex presidente Carlos Menem anunció su apoyo al proyecto del oficialismo, pero reclamó a los "presidentes de ambos países que tomen todas las medidas del caso, antes de que la sangre llegue al río". El justicialista puntano Adolfo Rodríguez Saá, por su parte, propuso la discusión de un proyecto para facultar a Entre Ríos a reclamar ante la Corte Internacional, para que "los argumentos que se le pueden oponer a la Argentina no se le opongan a la provincia". En ese sentido, Rodríguez Saá citó la declaración del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ante los diputados en 2005 cuando informó que se había firmado un acuerdo bilateral poniendo fin a la controversia con Uruguay por las papeleras; por lo que el senador se preguntó: "¿se firmó o no se firmó ese acuerdo?". Durante el debate, la senadora del Movimiento Popular Neuquino, Luz Sapag, titular de la Comisión de Medio Ambiente, reveló que junto con el radical entrerriano Ricardo Taffarel, mantuvo un encuentro en agosto de 2005 con pares uruguayos durante el cual dijo que no fueron bien "tratados". La legisladora indicó que cuando propusieron "una actualización del Tratado Internacional del Río Uruguay", los uruguayos les contestaron que reclamaran ante Montevideo, la "Argentina cumpliera con las normas que estaba reclamando". La sesión fue seguida desde los palcos por una veintena de miembros de las organizaciones de vecinos de Gualeguaychú que desde principios del año comenzaron a realizar cortes sobre el puente que une a esa localidad entrerriana con su par uruguaya de Fray Bentos, y que aplaudieron fervientemente cuando el proyecto fue aprobado por unanimidad.