El Senado convirtió en Ley Proyecto de Hidrocarburos

La norma fue aprobada gracias a que el oficialismo aportó su mayoría para superar por 35 a 21 votos a la oposición representada por radicales, justicialistas disidentes y bloques minoritarios. La sesión tuvo un inicio atípico, cuando militantes del grupo Quebracho obligaron a interrumpir por quince minutos la sesión al lanzar desde los palcos panfletos en contra de la ley de hidrocarburos y bombas de olor. La propuesta representa una de las máximas apuestas del gobierno nacional para enfrentar el agotamiento de las reservas petroleras en la Argentina. El corazón de la iniciativa es el amplio abanico de beneficios impositivos que recibirán aquellas empresas que encaren actividades prospectivas y de explotación en el marco del régimen de promoción, por plazos que oscilan entre 10 y 15 años. La norma prevé el mecanismo de devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias y la exención del pago del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y de los gastos por derechos de importación para el equipamiento de exploración. A cambio de estos beneficios impositivos, el proyecto impone a las empresas la obligatoriedad de asociarse con la firma estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) "bajo la figura jurídica societaria que se estime corresponda, según la legislación, vigente, y en las condiciones que fije la reglamentación de la presente ley". Se aclara que la participación de ENARSA en los resultados de las actividades de exploración y explotación que se realicen en sociedad "deberá guardar una relación razonable respecto de las obligaciones asumidas y contribuciones realizadas por ella", aunque no define el porcentaje accionario de esa participación. Las áreas incluidas en el proyecto abarcan territorios en la plataforma continental, en cuencas sedimentarias sin producción y cuencas sedimentarias con producción "que no se encuentran sujetas a permisos de exploración o concesiones de explotación". Pero además el proyecto establece que las áreas actualmente bajo concesión, y que no han sido exploradas o explotadas en su totalidad, pueden ser divididas para una nueva concesión con los beneficios impositivos que rigen por la ley. Las críticas de la oposición giró en torno de tres ejes centrales. La primera de ellas fue la falta de participación de las provincias en el otorgamiento de las concesiones, a pesar de que el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que a ellas les corresponde la titularidad de los recursos naturales.