En agosto comienza el juicio por los sobornos en el Senado
| El ex Presidente Fernando de la Rúa afrontará desde el 14 de agosto próximo el juicio oral y público por el presunto pago a Senadores para aprobar la Ley de flexibilización laboral en 2000, proceso que lo tiene como acusado, junto a otros siete ex funcionarios y legisladores.
El proceso será el primero y más importante que se inicia por un hecho de corrupción contra el exmandatario, acusado del delito de cohecho pasivo por el pago de coimas, que prevé una pena de 2 a 6 años de prisión.
En el juicio también están imputados el ex Secretario parlamentario del Senado, el "arrepentido" Mario Pontaquarto; el ex Jefe de la SIDE, Fernando De Santibañes; y el ex Ministro de Trabajo Alberto Flamarique.
Además, la causa involucra a los ex Senadores justicialistas Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Ricardo Branda, quienes habrían recibido los sobornos en 2001, año en que el Senado aprobó la denominada Ley de flexibilización laboral, a la que se oponía el sindicalismo y parte del peronismo.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 fijó la fecha de inicio en el marco del juicio que tendrá como testigos, entre otros, a la Presidente Cristina de Kirchner, quien por ser titular del Ejecutivo puede hacerlo por escrito.
Entre las declaraciones también estará la del titular de la CGT, Hugo Moyano, quien denunció en esa época que a los senadores les habían dado la "Banelco" para cobrar las coimas; y el entonces vicepresidente de De la Rúa, Carlos "Chacho" Álvarez.
En el caso fue clave la declaración de Pontaquarto, que declaró ante la justicia que retiró de la SIDE dos valijas con cinco millones de dólares y que la noche de la aprobación de la ley, el 26 de abril, la llevó al departamento del entonces Senador del PJ Emilio Cantarero.
El proceso estará a cargo de los jueces del Tribunal Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo, y se prevé que se extienda por algo más de un año, debido a los 340 testigos.
Este juicio había sido fijado en un principio para noviembre pasado, pero fue postergado porque el Tribunal tenía que resolver otra acusación contra Pontarquarto.
En ese caso, acusado por malversación de caudales públicos por no rendir viáticos durante su función como secretario parlamentario fue condenado el mes pasado en un juicio abreviado a dos años y un mes de prisión en suspenso.
