| El Congreso de la Nación convirtió en ley ayer por la tarde el proyecto de ley de financiamiento educativo, que prevé aumentar en un plazo de cinco años la inversión para la enseñanza educativa hasta llegar al seis por ciento del Producto Bruto Interno.
El proyecto, que había sido debatido la semana pasada por el Senado, fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados -204 votos contra 37-, lo que permitió la sanción definitiva de la ley con el respaldo de la mayoría de las bancadas, a excepción del radicalismo y otros bloques minoritarios.
El debate se abrió con un discurso de la presidente de la comisión, Silvia Esteban (Frente para la Victoria-Santa Cruz), quien aseguró que es "una ley fundamental porque estamos tratando una iniciativa que forma parte de la estrategia para fomentar el crecimiento del país".
La sesión contó con la presencia del ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus -uno de los principales impulsores de la ley-, que se ubicó en uno de los palcos para escuchar los discursos de los legisladores.
Tras la aprobación del proyecto, Filmus destacó la importancia de la sanción de esta ley "para saldar buena parte de la deuda educativa" que tiene el país con el sector, y puso de relieve que se trata del "primer escalón para discutir el año próximo una nueva ley Federal de Educación".
El proyecto fue defendido por el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, quien sostuvo que la ley apunta a darle a la Argentina "el perfil social que alguna vez tuvo el país", al destacar el consenso logrado para su elaboración junto con organizaciones gremiales y docentes.
El proyecto establece que el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumenten la inversión en educación, en conjunto, entre los años 2006 y 2010 hasta llegar al seis por ciento del PBI.
Además, la iniciativa establece que en 2006 la cifra aumente a 4,7; en 2007 a 5; en 2008 a 5,3; en 2009 a 5,6; y en 2010 a 6 puntos del PBI o sea alrededor de 53 mil millones de pesos, es decir 30 mil millones más que la inversión actual que es de 23 mil millones.
El incremento financiero de la inversión se destinará, según la ley, a incluir en el nivel inicial al ciento por ciento de los niños de cinco años de edad. La iniciativa busca también garantizar un mínimo de diez años de escolaridad obligatoria, promover estrategias para asegurar la permanencia escolar en niños de hogares de bajos recursos y que el 30 por ciento de los alumnos tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa.
Apunta además a universalizar la enseñanza de una segunda lengua, jerarquizar y profesionalizar la carrera docente y mejorar la condición laboral de los docentes y erradicar el analfabetismo, como objetivo central.
