| El oficialismo aprobó en el Senado con 38 votos a favor y 23 en contra la Ley que limita la responsabilidad del Estado frente a las demandas judiciales de los particulares.
El debate se desarrolló luego del momento de tensión que se produjo cuando la oposición pidiera en el recinto que el presidente de la Cámara alta, Amado Boudou, se tome licencia mientras se desarrolle la causa Ciccone, que lo tiene como uno de los procesados.
Antes de tratar el proyecto para sancionar a los policías que se autoacuartelen, el Senado se abocó al tratamiento de la nueva ley que establece que la responsabilidad del Estado por actividad legítima "es de carácter excepcional" y que "en ningún caso procede la reparación del lucro cesante" sino que la eventual indemnización "comprende el valor objetivo del bien".
Es decir que, una vez que el daño ocasionado sea efectivamente acreditado, el pago por parte del Estado se limitará al valor del bien dañado, porque "los daños causados por la actividad legítima del Estado no generan derecho a indemnización".
Además, fija que "el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos" y de esta manera deslinda responsabilidades por eventuales daños directamente en las empresas que manejen eso servicios.
Esto hará que en casos como, por ejemplo, el accidente ferroviario en la estación de Once, sea la empresa que maneja el servicio la que deba responder por los daños ante una demanda judicial y no el Estado.
Uno de los principales cuestionamientos de la oposición estuvo dirigido a la decisión del oficialismo de excluir el tema de la responsabilidad del Estado del nuevo Código Civil, que aguarda tratamiento de la Cámara de Diputados.
Según el radical Ernesto Sanz, "al sacarlo del Código Civil, se vota la ley nacional y cada provincia debe sacar su propia ley", por lo que "este debate se replicará en 24 legislaturas y va a quedar atado a la coyuntura de cada provincia".
Sanz sostuvo además que la ley se trata de "un estatuto de la responsabilidad del Estado que termina lesionando a quien debiera ser el principal beneficiario, que es el ciudadano".
Por su parte, la Senadora del interbloque FAP-UNEN Magdalena Odarda consideró que esta ley "es un caso de claro retroceso jurisprudencial" y que "establece impunidad".
En su defensa del proyecto, el oficialista Pablo González afirmó que la ley "no es un salvoconducto ni una norma que busque evitar las responsabilidades de los funcionarios" sino que, por el contrario, se establece cuál es el tratamiento que se les da y cuáles son las medidas a adoptar en cada caso, aclaró.
En este sentido, González destacó el contenido del artículo 9, en donde se establece que los funcionarios son "responsables de los daños que causen" por su "actividad o inactividad" o por "no cumplir sino de manera irregular, incurriendo en culpa o dolo", con sus obligaciones.
El oficialista Marcelo Guinle, en cambio, aseguró que "no es cierto que se esté blindando al Estado ni a los funcionarios" y afirmó que "la responsabilidad de los funcionarios queda en los términos actuales".
"Lo que se está diciendo en esta ley es que cuando el Estado acciona legítimamente y ocasiona daño, como es la expropiación, no va a pagar lucro cesante", aclaró Guinle, encargado de cerrar el debate, y agregó: "Algunos dicen también que el Estado no va a pagar daño moral. Mentira. Se paga daño moral".
