Extraditan a la Argentina a jefe operativo de la Triple A

La entrega de Almirón se efectuará conforme al contenido, límites y condiciones establecidos por la Audiencia Nacional de España, que solicitó a la justicia argentina una pena máxima inmediatamente inferior a la cadena perpetua, informó ayer el Consejo de Ministros español, en un documento al que tuvo acceso Télam. El Consejo de Ministros español debía dar luz verde a la entrega del ex cabecilla de la Triple A, cuya extradición fue aprobada previamente por la justicia. Almirón ingresó a prisión el pasado 29 de diciembre de 2006, al día siguiente de haber sido detenido en Torrent, una localidad cercana a Valencia, a raíz de que los delitos de la Triple A fueron declarados imprescriptibles por el juez argentino Norbeto Oyarbide. Oyarbide investiga los crímenes cometidos por la organización ultraderechista durante la gestión de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón (1974-1976), quien se encuentra en libertad provisional en España pendiente de dos procesos de extradición. El 25 de mayo de 2007, la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional resolvió de forma favorable el proceso de extradición de Almirón, cursado por la justicia argentina. Esta decisión fue declarada firme el 16 de enero de 2008, previa desestimación de un recurso de súplica, sin embargo, para ser efectiva, la extradición debía recibir el visto bueno del Consejo de Ministros español. De acuerdo con la decisión de la justicia española, Almirón será entregado a Argentina para que sea juzgado por delitos de “lesa humanidad y genocidio” (asociación ilícita en concurso real con homicidios calificados y privación ilegal de libertad, que se corresponden con los delitos de asociación ilícita, homicidios y detenciones ilegales), de acuerdo con el Código Penal argentino. Estos delitos, explica la justicia española, fueron cometidos por la organización ilegal denominada “Triple A”, a la que Almirón pertenecía y de la que fue jefe operativo. Según consta en el escrito judicial, entre los años 1973 a 1975 en Argentina actuó una asociación ilegal denominada “Triple A”, creada por el entonces ministro de Bienestar Social Jorge López Rega y compuesta por miembros de su custodia personal, entre ellos “el reclamado” como uno de sus jefes operativos. “Esta organización, montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuaba, tenía como objetivo la defensa frente a los ataques de la guerrilla y de la subversión comunista”, sostiene el escrito. Desde julio a octubre de 1974 cometieron diversos actos ilícitos contra al menos doce personas a las que causaron la muerte, con detenciones ilegales en dos casos, por considerarles supuestos responsables en actividades subversivas. El presunto ex jefe de la Triple A llegó a España en 1975 junto al fallecido López Rega, considerado “mano derecha” de Isabel Perón, viuda y sucesora de Juan Domingo Perón en la presidencia argentina. Desde entonces Almirón frecuentó ambientes de ultraderecha, por lo que ahora está acusado de participar, en mayo de 1976, en los sangrientos sucesos de Montejurra, en Navarra, donde pistoleros de extrema derecha dispararon contra varios carlistas progresistas y mataron a dos. En 1983 salió a la luz que Rodolfo Almirón trabajaba como jefe de la seguridad del entonces líder de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, y no fue hasta su detención que se volvió a hablar de él. En Argentina, el presunto cabecilla de la Triple A sería el responsable de las muertes del diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, el sacerdote Carlos Mujica, profesor Silvio Frondizi y el subjefe de la Policía de Buenos Aires Julio Troxler. La aprobación por parte de España de la extradición del presunto ex jefe de la Triple A Rodolfo Almirón reavivó una causa en la que también se solicita la comparecencia de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón, aunque ese requerimiento aún no fue respondido. Las autoridades españolas deben expedirse no sólo sobre el pedido realizado por el juez Norberto Oyarbide, que interviene en el expediente que involucra a Almirón, sino también en otro proceso que lleva adelante el magistrado federal de San Rafael, Mendoza, Héctor Acosta.La semana pasada, el juez español Baltasar Garzón, que no interviene en el caso, sorprendió al declarar públicamente que para él, la viuda del general Perón no debería ser extraditada. El 11 de enero de 2007 el juez Acosta pidió su captura internacional en el marco de la causa que investiga la desaparición de un estudiante en 1976, cuando era presidenta, antes del golpe de Estado que derrocó a su Gobierno. La ex presidenta fue arrestada al otro día en su domicilio de Villanueva de la Cañada, España, pero se negó a ser extraditada voluntariamente, por lo que fue puesta en libertad provisional en tanto se resolviera el expediente ordinario de extradición. Fuente: Télam.