Judiciales | El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de un fuerte conflicto con las universidades y tras nuevos reveses judiciales.
La decisión llega luego de que la Justicia ordenara cumplir con la norma, que obliga a actualizar salarios docentes, no docentes y partidas para becas estudiantiles.
Desde la Casa Rosada reconocen que el impacto fiscal es alto: estiman que cumplir con la ley implicaría un costo cercano a los 2,5 billones de pesos, un monto que aseguran no poder afrontar en el corto plazo.
En ese escenario, el Ejecutivo apuesta a que el máximo tribunal revise el fallo y, eventualmente, otorgue un efecto suspensivo que le permita ganar tiempo. Sin embargo, en el propio Gobierno admiten que las chances de que la Corte frene la medida son bajas.
El conflicto viene de arrastre: la Ley fue aprobada por el Congreso, vetada por el Presidente y luego ratificada por el propio Parlamento, lo que derivó en una larga disputa judicial.
Tras la confirmación del fallo en instancias inferiores, el oficialismo decidió jugar su última carta judicial y llevar el caso directamente a la Corte Suprema, mientras analiza cómo cumplir —al menos parcialmente— con las obligaciones que impone la norma.
Así, la pelea por el financiamiento universitario suma un nuevo capítulo, con impacto directo en las cuentas públicas y en el sistema educativo, y con final abierto en el máximo tribunal del país.
